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Publicación: Viernes 22 de mayo de 2009.
Entrevista a: Eduardo Bertoni
Director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo.
La información es patrimonio de todos
El experto argentino en libertad de expresión Eduardo Bertoni insta a los periodistas a que exijan tener acceso a la información pública. El problema es que muchas veces no se hace uso de las leyes de acceso a la información, lamenta.

Bertoni, que ha trabajado para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora dirige un centro de estudios dedicado al tema, está convencido de que América Latina cuenta con leyes suficientes que regulan este derecho.

En su carrera profesional, Eduardo Bertoni ha pasado por varios puestos con vista privilegiada a la situación de la libertad de expresión y prensa en el continente americano. Como abogado, este argentino fue asesor de varias organizaciones, entre ellas la Asociación de Periodistas de su país. Después pasó a ocupar el cargo de relator especial para la libertad de expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tras trabajar como director ejecutivo de la Fundación para el Debido Proceso Legal, con sede en Washington, acaba de subirse al siguiente punto de observación: adjunto a la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, en Buenos Aires, inicia su andadura un Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) (página web está en fase de construcción), a la cabeza del cual esta Bertoni.

“El Centro se va dedicar a la investigación de cuestiones relacionadas con el acceso a la información y a la libertad de expresión en su sentido más amplio. Esa investigación será académica pero también aplicada, es decir, que pretendemos que tenga impacto sobre las políticas públicas”, describe el recién nombrado director, “aunque no vamos a entrar en litigios ni a tratar casos concretos, sí podrán dirigirse a nosotros los periodistas que quieran informarse sobre las leyes y las prácticas relacionadas con estos temas”.

re-visto: En los últimos años, muchos países latinoamericanos se han dotado de leyes de acceso a la información, ¿refleja esto la existencia de una nueva conciencia con respecto a la importancia de que los documentos públicos estén accesibles?

El impulso a leyes de acceso a la información está fuertemente ligado con la corrupción que se percibe y que existe en muchas administraciones latinoamericanas. Desde hace varios años, la gente reclama que se le ponga fin a esta situación y, aquí, las leyes de acceso a la información brindan una herramienta clave. Creo que existe una nueva conciencia en cuanto a que, para controlar la corrupción, se necesita transparencia en los actos de gobierno.

¿Qué requisitos son imprescindibles para que una ley de acceso a la información resulte realmente efectiva?

Los requisitos son varios y han sido expuestos en diversas declaraciones de principios como, por ejemplo, la que emitió en 2008 el Comité Jurídico Interamericano de la OEA. En mi opinión, dos elementos esenciales determinan que las leyes no sólo sean bonitas, sino también efectivas: cómo están desarrolladas las excepciones al acceso a la información y qué órgano supervisa los rechazos de pedidos. Si las excepciones son vagas o delegan excesiva autoridad en los funcionarios que deben otorgar la información, la ley es débil. Si el órgano que controla las denegatorias de acceso no es independiente y tiene facultades limitadas, también la ley es débil.

¿Qué leyes calificaría de efectivas y cuáles de débiles en América Latina?

eduardo-bertoniMe costaría mucho poner ejemplos categóricos de unas y otras. Le puedo decir que la ley de transparencia y acceso a la información de México viene funcionando bastante bien, aunque tiene sus problemas. Lo destacable de esta legislación es que crea un órgano de control externo e independiente, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública un modelo que no ha sido seguido por las restantes regulaciones del continente. En cuanto a leyes que funcionen decididamente mal, no le podría nombrar ninguna. Lamentablemente, se está haciendo poco uso de estas legislaciones y es en la práctica diaria donde se notan los fallos.

Los periodistas latinoamericanos, ¿no utilizan las leyes de acceso a la información?

No quiero generalizar, pero en muchos países, quizás no tanto en México, los periodistas o bien desconocen la existencia de estas leyes, o bien el grado de desconfianza hacia las instituciones oficiales es tan alto que prefieren no usarlas. Creo que esta última opción es la equivocada: si las leyes son malas o se aplican de manera incorrecta, la mejor forma de llamar la atención sobre sus deficiencias y de impulsar los cambios necesarios es usándolas.

¿Cómo podría influir el recurso a estas leyes en el trabajo de los periodistas?

Depende de la tarea del periodista. Por supuesto que las leyes de acceso de información, incluso las más avanzadas, tienen plazos de otorgamiento que muchas veces no son útiles para cubrir el día a día noticioso. Sin embargo, para investigaciones periodísticas más profundas que no requieren correr para publicar, estas leyes son un instrumento fundamental.

Imaginemos que un periodista está investigando un caso de corrupción en la administración pública, ¿tiene sentido que vaya a pedirle información precisamente a quienes más interés tendrían por ocultarla?

Las leyes de acceso a la información son un instrumento fundamental para el trabajo periodístico, pero no el único. Aún así, cuando se trata de investigaciones sobre cuestiones que afectan al ejercicio del poder público, a temas que obligatoriamente deberían estar en los registros públicos, el consejo que yo les doy a los periodistas es que reclamen la información, que exijan transparencia y lleguen hasta las últimas instancias. Y cuando las instancias nacionales fracasan, están las instancias internacionales.

En Chile se dio un caso que sirve muy bien como ejemplo. No lo protagonizaron periodistas, sino un grupo ecologista que pidió al Estado chileno los estudios de impacto ambiental de un proyecto que implicaba la tala de bosques en el sur del país. El Estado chileno se negó a entregar esa información. Sin embargo, los ecologistas no se conformaron con la negativa y, después de que la Corte Suprema de Chile confirmara la postura estatal, llevaron su demanda hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La consecuencia fue que, primero, el Estado chileno tuvo que otorgar los informes y, segundo, que en Chile se ha aprobado una muy buena ley de acceso a la información que ahora mismo está en proceso de implementación.

Es importante que cada día se luche por más transparencia y se exija más acceso a la información, porque la información no es patrimonio de los funcionarios, sino de todos nosotros.

Entrevista: Luna Bolívar
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