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Página: 29 / Sección: Notas
Publicación: Sábado 12 de septiembre 2009
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Autor: Eduardo Bertoni
Director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo.
Salir de un debate estéril
El derecho a la libertad de expresión es fundamental para la democracia. Por ello, son saludables los acalorados debates relativos a la presentación, por parte del Poder Ejecutivo, de un proyecto de ley que se vincula con el libre ejercicio de tal derecho. Resumidamente, puede decirse que se discuten el mérito, la conveniencia y la oportunidad de la legislación propuesta.

Sobre el mérito o, mejor dicho, sobre aspectos sustantivos, una propuesta compleja como la enviada al Congreso merece una discusión compleja, que resulta imposible en los escasos minutos de programas de televisión o de radio, o en las pocas palabras que pueden ser publicadas en medios de prensa escrita. Por eso, la discusión debe realizarse de manera amplia en el lugar natural en las democracias: el Parlamento.

La conveniencia de modificar la actual legislación aparece, en general, como indiscutible por distintos sectores. La ley vigente acarrea una ilegitimidad de origen -es una ley que se originó durante una dictadura militar-, pero, además, es una ley que fue diseñada en tiempos en los que la tecnología que hoy existe en el campo de las telecomunicaciones era muy diferente.

La discusión que más llama la atención es la referida a la oportunidad del envío del proyecto al Congreso.

En esa discusión, asistimos a dos escenarios defendidos con igual vigor: el primer escenario es aquel que endilga al actual gobierno un interés en generar alguna suerte de homogeneidad comunicacional, atacando mediante la aprobación de una ley las voces críticas de su gestión.

Por otro lado, están aquellos que defienden la oportunidad del envío del proyecto al Congreso. Ellos elevan argumentos relacionados con la conveniencia de la modificación de la legislación.

La discusión así planteada sucede sin escuchar a los interlocutores, lo cual es normal, dado que ambos escenarios resultan empíricamente incontestables. Dado que es el propio gobierno el que impulsa una nueva ley, para salir del estéril debate de escenarios, está en sus posibilidades la llave para destrabarlo: incluir en la discusión otras iniciativas que apunten a demostrar que está, y sin que nadie pueda dudar de eso, a favor de fortalecer la libertad de expresión en nuestro país.

Por ejemplo, el Gobierno acaba de anunciar un proyecto de ley para la modificación del Código Penal vigente, de manera que no pueda ser utilizado como instrumento para perseguir a quienes son críticos de algunos funcionarios. Vale recordar que esto debía ocurrir, en el marco del cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra nuestro país. Pero además podría enviar un proyecto de ley sobre acceso a la información pública con pleno respeto a los estándares internacionales. Podría también impulsar reglas claras y transparentes para el otorgamiento de la publicidad oficial. Y, finalmente, en lo relacionado con el proyecto de ley, podría propiciar un sistema por el cual la instrumentación de la ley, y por sobre todas las cosas, la conformación de la autoridad de aplicación, no sea realizada durante el presente gobierno.

Quienes defienden la oportunidad desde el escenario de la buena fe, tienen a su favor un buen argumento: la legislación vigente da al Comfer posibilidades de sanciones y de persecución a los medios que está en cabeza de un funcionario directamente elegido por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, en general no se ataca, al menos hasta ahora, la utilización del Comfer como herramienta de presión.

Pues bien: está también en manos del Gobierno avanzar con otro gesto para demostrar acabadamente que su política pretende ampliar la libertad de expresión, no limitarla. El ex presidente Néstor Kirchner generó, mediante un decreto, un particular sistema de nombramiento de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dando participación a la sociedad civil en esa discusión. La actual presidenta podría proponer que, hasta que se sancione una nueva ley, se renueven las autoridades del Comfer y se discuta su conformación y se dé participación amplia a los distintos sectores sociales.

En definitiva, una nueva legislación que regule la radio y la televisión es algo demasiado serio para que la discusión se empantane en razones de oportunidad. Sería un error no debatirla por ese motivo. El Gobierno puede hacer mucho para quitar de la mesa de discusión cualquier sospecha de mala fe, en el impulso de su propuesta. Con ello, el camino quedaría allanado para ser transitado en el Congreso, discutiendo seriamente los méritos del proyecto sobre un tema necesario para fortalecer la libertad de expresión y la democracia.
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