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  Caso Cupo laboral para personas con discapacidad
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La empresa C.L.I.B.A. -concesionaria del Servicio Público de Higiene Urbana en la Ciudad de Buenos Aires-, y el Gobierno de la Ciudad no cumplen con el Art. 43 de la Constitución de la Ciudad ni con la Ley 1502, que imponen a las empresas concesionarias de servicios públicos la obligación de contratar un 5% de personas con discapacidad, y la obligación de incluir disposiciones relativas al cumplimiento del cupo en el contrato de concesión.

Ante esta situación, la Asociación Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), con el patrocinio letrado de la Clínica Jurídica, promovió una acción de amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de que se declare inconstitucional el decreto 154/07 -que modifica el contrato de concesión de servicios celebrado entre los demandados- y se condene al estado y a la empresa prestataria a cumplir con sus obligaciones constitucionales. En la demanda se argumentó que el incumplimiento del cupo resulta violatorio del derecho a trabajar, del derecho a la autonomía, a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación de las personas con discapacidad.

En abril de 2009 la Jueza de primera instancia Andrea Danas condenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la empresa CLIBA Ingeniería Urbana S.A. a en un plazo de 60 días “adopten las medidas concretas y efectivas tendientes a cubrir el cupo exigido por el art. 43 de la CCABA y la Ley Nº 1502, debiendo informar regularmente al Tribunal el cumplimiento gradual del ingreso de personas con necesidades especiales (conf. art. 4, Ley nº 1502), de acuerdo a su idoneidad y a medida que se produzcan vacantes; en el marco del contrato de concesión del servicio de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires, actualmente vigente”.

Tanto la justicia de primera instancia como la Cámara de Apelaciones coincidieron en condenar a la empresa y al GCBA -como regulador y controlante- a que en el plazo de 60 días dispongan un plan de contratatación progresiva de personas en esa situación.
     
 
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