En Brasil, la investigación judicial del caso del mensalão demostró que durante el gobierno de Lula se pagaron sobornos a parlamentarios a cambio de sus votos. Diez personas ya fueron condenadas, incluido el entonces jefe de ministros. La maniobra involucró dinero público, fondos partidarios y empresas privadas y públicas.

En la Argentina, luego de once años de denunciado, el caso de las coimas en el Senado está en juicio oral. Dicho caso revela cómo la falta de control institucional –dentro del Ejecutivo y desde el Legislativo– sobre los fondos de inteligencia facilitó el desvío de dinero para pagar a senadores a cambio de su voto en la Ley de Reforma Laboral.

La práctica de pagar "sobresueldos" con fondos reservados a funcionarios de diversas áreas de gobierno habría estado extendida durante, al menos, buena parte de la década del 90, según investigaciones judiciales que tienen más de diez años de antigüedad. La injustificada suma de dinero encontrada en el baño de la ex ministra Felisa Miceli, recientemente condenada a cuatro años de prisión, hace pensar que esta mecánica tendría continuidad.

Más recientemente, la discusión abierta por las dudas expresadas por Ricardo Darín puso en el debate la relación entre patrimonio, función pública y negocios privados.

¿Cuál es la relevancia de estos hechos para los ciudadanos? ¿En qué medida deberían preocuparse por estas cuestiones y en qué medida deberían priorizar, mejor, la eficacia en la gestión, los valores ideológicos o la capacidad de limitar y disciplinar a las corporaciones privadas y otros actores no públicos que condicionan ilegítimamente a los gobiernos democráticamente elegidos?

Hay una larga tradición que cuestiona el foco en la transparencia y el control de la corrupción como una perspectiva que, por sus supuestos ingenuidad y moralismo, desconoce los avatares de la política y les hace el juego a los poderes fácticos, que sin la legitimidad de los votos pretenden presionar a los gobiernos populares. La más reciente versión de esta perspectiva de realismo político, desde un pretendido progresismo, hace hincapié en la necesidad de fortalecer a "la política" como expresión de la soberanía popular en su capacidad de enfrentar oligarquías y factores de poder concentrado (económico, mediático, por ejemplo).

Despectivamente llama al otro punto de vista "honestista".

La prioridad de transparentar la relación del dinero con la política no deviene una preocupación por la moral de los funcionarios. Hace, más bien, al buen funcionamiento del sistema democrático, especialmente en su capacidad de disciplinar y arbitrar entre los intereses privados en pugna por decisiones públicas. El dinero ilegítimo, como instrumento con capacidad de comprar voluntades y sujetarlas a un pacto de ilegalidad y secreto, erosiona y distorsiona las capacidades de la política como arena de decisión pública.

Cuando un gobierno o un partido cobran sobornos, desvían fondos públicos y compran voluntades, el circunstancial incremento de su capacidad de toma de decisiones es una ganancia individual de corto plazo, que redunda en una pérdida colectiva en el mediano plazo. Es posible que la industria que contamina el medio ambiente en el corto plazo genere puestos de trabajo y ganancias, pero en algún momento habrá que hacerse cargo de las consecuencias sociales de la contaminación.

Las relaciones ilegítimas entre el dinero y la política sujetan al poder soberano entregado por el pueblo a sus representantes a relaciones extorsivas entre los actores gubernamentales y privados. Esto debilita la capacidad de "la política" para ejercer legítimamente el poder sobre aquellos a quienes les cobra o sobre aquellos a quienes paga con fondos ilegales. Esto debilita los procesos de toma de decisión, de implementación de políticas, y traiciona el mandato de los ciudadanos, que necesitan la política democrática como contrapeso público a las asimetrías de la esfera privada.