Bolivia vs. Chile: apuntes para la cuestión Malvinas

Si bien la Corte Internacional de Justicia no hizo lugar a la solicitud de Bolivia de establecer una obligación de negociar para obtener su salida al mar, el organismo manifestó un deber de solucionar las disputas por medios pacíficos. Y esto se aplica también al caso de Argentina y Gran Bretaña por Malvinas.



El 1° de octubre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) decidió la disputa referida a la Obligación de negociar el acceso al océano Pacífico iniciada por Bolivia contra Chile en 2013.

La controversia no trata, como se cree superficialmente, de obtener una “salida al mar” sino de establecer la existencia de una obligación de llevar a cabo una negociación de buena fe, imprescindible para aquel fin, ya que aquella rige las relaciones pacíficas entre los Estados y se trata de un principio general de derecho, reconocido por la Carta de la ONU y en distintos acuerdos internacionales de carácter bilateral, regional y general.

La idea de una controversia es, según la definición de 1924 por parte de la Corte Permanente de Justicia Internacional en el famoso caso Mavrommatis, un diferendo sobre un punto de hecho o de derecho respecto de un interés legal entre dos sujetos. En 1931, este tribunal tuvo oportunidad de opinar el asunto sobre el Tráfico ferroviario entre Lituania y Polonia y considerar que “negociar de buena fe” implicaba conversar con un verdadero ánimo de solucionar la disputa.

En esencia, la controversia entre Bolivia y Chile recientemente decidida tenía como fin establecer si existía o no una obligación de negociar de buena fe para que pronta, formal y efectivamente el primer Estado pueda aspirar al acceso pleno al océano Pacífico.

La CIJ, quien declaró poseer competencia en el caso el 24 de septiembre 2015 sobre la base del artículo XXXI del Pacto de Bogotá, decidió finalmente la disputa y afirmó que de las pruebas y argumentos presentados por Bolivia no era posible inferir la existencia de una obligación de negociar una salida soberana al mar. Sin embargo, la Corte dejó en claro que su decisorio no debe ser un obstáculo para abordar las cuestiones relativas a la situación de la salida al mar de Bolivia.

Más allá de que la decisión sólo posee carácter de cosa juzgada y fuerza obligatoria para las partes en la disputa, la controversia genera algunos elementos de interés para la Argentina en relación con la Cuestión Malvinas.

El punto fundamental es que, amén de que la CIJ no haya hecho lugar a la solicitud de Bolivia de establecer la existencia de una obligación de negociar, manifestó, correctamente, la existencia de un deber de solucionar las disputas por medios pacíficos. Asimismo, y en referencia a ciertos argumentos avanzados por blogueros y panfleteros británicos en relación a un supuesto abandono del reclamo argentino en el siglo XIX, es dable destacar la interpretación que hace la Corte en materia de aquiescencia (entendida como un reconocimiento tácito manifestado por la conducta unilateral que la otra parte puede interpretar como consentimiento) y estoppel (entendido como una declaración o representación que una parte hace a otra parte y que la otra parte se basa en esa declaración o representación en su perjuicio o en beneficio de la otra) las cuales echan por tierra dichos argumentos.

No obstante, la importancia de la sentencia emitida constituye un esclarecimiento –por supuesto opinable y con mayores fundamentos a medida que avancen los días–, un recordatorio a la prudencia y una reafirmación de que, en definitiva, rige la conducta de la comunidad internacional: el deber de los Estados de solucionar las disputas por medios pacíficos y de conformidad con el derecho internacional.

Leopoldo Godio y Facundo Rodríguez son profesores de Derecho Internacional Público (UBA-UP)