Debate: El aborto y los "perfeccionistas desentendidos"

Agustina Ramón Michel, profesora UP, junto a Romina Farman analiza las posibles respuestas jurídicas a la interrupción voluntaria del embarazo.



El Senado de la Nación tiene la enorme oportunidad y responsabilidad de dar una nueva respuesta jurídica a la interrupción voluntaria del embarazo, un evento reproductivo que puede sucederles a las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes.

El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, luego del proceso legislativo más abierto y pedagógico de la historia argentina, propone un cambio legal: adoptar un régimen jurídico que despenalice y legalice la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas, y fuera de ese plazo, permitirlo en caso de violación, diagnóstico de inviabilidad de vida extrauterina, riesgo para la vida o la salud. De modo parecido, lo dispone la casi totalidad de países europeos, Estados Unidos, Ciudad de México, Sudáfrica, Australia, Uruguay, entre otros. Incluso con los cambios propuestos en la Cámara de Senadores, seguiría siendo una buena ley.

Cualquiera de estas propuestas reconoce, básicamente, dos cuestiones. Primero, que la protección jurídica de la vida en formación es gradual e incremental, como lo sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo “Artavia Murillo” y como sugieren nuestras intuiciones morales (difícilmente alguien valore igual a un embrión y a una niña de 1 año). Segundo, que las mujeres y personas gestantes tienen el derecho constitucional a la autonomía.

Este derecho a la autonomía supone, en su primera dimensión, que ni el Estado ni terceros pueden interferir en las decisiones reproductivas. Continuar o no un embarazo es una elección central para la vida de una persona. Una de las decisiones más íntimas, además. Es cada mujer quién se encuentra en las mejores condiciones para decir ¿Quién sino estaría legitimado para sustituir tal decisión? ¿Un senador? ¿Un comité hospitalario? ¿Una fiscal? ¿Son ellos acaso quienes conocen las circunstancias de vida, sus relaciones, o quiénes deberán hacerse cargo de las consecuencias? No.

En su segunda dimensión, el derecho a la autonomía implica que el Estado tiene la obligación de facilitar positivamente el ejercicio de la autonomía; por esto mismo, por ejemplo, la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable asegura el acceso a anticonceptivos, y la Corte Suprema en "FAL" insistió en el deber estatal de garantizar el aborto en los casos permitidos en los servicios de salud.

Muchos de quienes objetan el proyecto aprobado en Diputados, o el propuesto en Senadores, consideran que la continuación de un embarazo es siempre lo bueno, interrumpirlo siempre lo malo, no importa quién, cómo, cuándo. Les es indiferente lo que cada persona gestante desee y pueda para su vida. Esta posición, con varios representantes en la Cámara de Senadores, es conocida como perfeccionismo moral: ambiciona "perfeccionar" el carácter de las personas coartándoles la libertad e imponiendo lo que se considera el (único) modelo de vida virtuoso.

Si siguiéramos la propuesta de estos perfeccionistas morales, el Estado debería hacer obligatorio un determinado plan de vida (ser madre todas las veces en que ocurra un embarazo) y prohibir el resto de las opciones, dañen o no a terceras personas. El derecho a la autonomía reconocido en la Constitución nacional justamente establece un límite a este tipo de autoritarismo moral.

Este moralismo coactivo –dispuesto a usar la fuerza de la ley penal para obligar a todas las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes a ser madres– está plagado, además, de estereotipos de género y de imposición de roles sociales: mujer abnegada, mujer-madre, mujer-irracional, mujer-mentirosa.

Nos detendremos en la segunda dimensión del derecho a la autonomía y la reacción de los perfeccionistas morales coactivos. Supongamos que una mujer decide continuar su embarazo. El sistema de salud brinda lo necesario para que pueda materializar esta decisión. Garantiza los controles prenatales, previene enfermedades, cubre el parto. Es que para la continuación del embarazo se requieren recursos del sistema de salud (también para operar una rodilla luego de un partido de fútbol, o para atender una urgencia por un accidente provocado por el exceso de velocidad del paciente). Sin embargo, cuando una mujer elije interrumpir el embarazo, poner a disposición los medios para acceder a la práctica de manera segura resulta, para algunos, cuestionable por decir lo menos.

Efectivamente, los perfeccionistas aceptan satisfacer los planes de vida de las personas gestante siempre y cuando la decisión sea la que ellos consideran la única buena: la continuación del embarazo, a cómo de lugar.

Es que, como si fuera poco, en este debate sobre aborto, los perfeccionistas se desentienden de la vida de las personas, defienden el estatus quo jurídico, pese a que no protege a nadie, solamente por sus efectos simbólicos –"salvemos las dos vidas" aunque ese slogan no salvará a nadie. Tienen, además, el tupé de decir algo así como "no queremos mujeres presas por aborto, pero no estamos a favor de la legalización". Pero el problema es que, y los senadores lo saben, despenalizar y no legalizar tendría enormes efectos discriminatorios: libradas –parcialmente– de la amenaza penal, algunas mujeres seguirán interrumpiendo sus embarazos de manera segura como ocurre en la mayoría de los países europeos, mientras otras lo practicarán como lo hicieron las más de 3000 mujeres que murieron por aborto inseguro desde 1983 en nuestro país.

*Romina Farman es profesora de derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Agustina Ramón Michel es Profesora de derecho en la Universidad de Palermo e investigadora del CEDES.
*Nota publicada el 06/08/2018.
* Nota escrita por Romina Farman y Agustina Ramón Michel.