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  Breves consideraciones acerca del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación  
 
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Breves consideraciones acerca del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Organización Veraz S.A. c/Estado Nacional s/ amparo ley 16.986” - Un fallo polémico, pero previsible [1]  
 
  Por J. Darío Veltani (*)
  Alumno del Master en Derecho y Empresas - UP
   
 
I. Introducción
II. Antecedentes del caso
III. El criterio propiciado por el Procurador General de la Nación
IV. La solución dada por la CSJN
V. Conclusiones
   
   
   I. Introducción
  El pasado 6 de marzo de 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante la “CSJN”) se pronunció en autos “Organización Veraz S.A. c/ Estado Nacional s/ amparo ley 16.986” sosteniendo la plena vigencia y constitucionalidad del artículo 53 de la Ley de Tarjetas de Crédito Nº 25.065 [2] (en adelante la “LTC”), que prohíbe informar datos de morosidad en forma directa a las bases de datos de antecedente financieros.

Si bien el fallo generó una diversidad de comentarios en los principales medios periodísticos del país, lo cierto es que, como se verá a lo largo del presente, se trata de un pronunciamiento previsible del Alto Tribunal, que resulta coherente con sus precedentes.

A continuación realizaremos una sucinta descripción de los antecedentes del caso, para luego analizar el criterio propiciado en el dictamen del Procurador General de la Nación y, finalmente, describir el modo en que la CSJN resolvió el conflicto planteado [3].

Por último, expondremos algunas conclusiones preliminares respecto de lo decidido por la CSJN.
   
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   II. Antecedentes del caso
  De acuerdo con lo que surge del relato de los hechos efectuado por la CSJN, el planteo de la actora fue formulado con anterioridad a la sanción y vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales y Habeas Data Nº 25.326 (en adelante, la “LPDP”), y tuvo como finalidad obtener un pronunciamiento judicial que declarase la inconstitucionalidad del art. 53 de la LTC.

Dicha norma establece que:

“Las entidades emisoras de Tarjetas de Crédito, bancarias o crediticias tienen prohibido informar a las ’bases de datos de antecedentes financieros personales’ sobre los titulares y beneficiarios de extensiones de Tarjetas de Crédito u opciones cuando el titular no haya cancelado sus obligaciones, se encuentre en mora o en etapa de refinanciación. Sin perjuicio de la obligación de informar lo que correspondiere al Banco Central de la República Argentina.

Las entidades informantes serán solidarias e ilimitadamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados a los beneficiarios de las extensiones u opciones de Tarjetas de Crédito por las consecuencias de la información provista.”

Para solicitar tal declaración de inconstitucionalidad, la actora alegó que la norma conculca su derecho a trabajar y ejercer industria lícita y, además, restringe su libertad de expresión para recibir y difundir información.

Tanto en primera como en segunda instancia, los planteos aludidos fueron rechazados por entenderse -básicamente- que los derechos invocados por la actora no son absolutos y que el art. 53 de la LTC constituía un razonable ejercicio del poder de policía en la reglamentación de dichos derechos.

Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones, la actora dedujo recurso extraordinario, el que fue concedido por existir cuestión federal suficiente.

Previo a la emisión del dictamen por parte del Procurador General de la Nación, se sancionó la LPDP, que estableció un régimen integral de protección de los datos personales, además de reglamentar aspectos procesales de la acción constitucional de habeas data.

En particular, la LPDP reguló la prestación de servicios de información crediticia, disponiendo en su artículo 26 que:
   
  ARTICULO 26 - (Prestación de servicios de información crediticia).
  1. En la prestación de servicios de información crediticia sólo pueden tratarse datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito, obtenidos de fuentes accesibles al público o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento.

2. Pueden tratarse igualmente datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido patrimonial, facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés.

3. A solicitud del titular de los datos, el responsable o usuario del banco de datos, le comunicará las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y el nombre y domicilio del cesionario en el supuesto de tratarse de datos obtenidos por cesión.

4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hace constar dicho hecho.

5. La prestación de servicios de información crediticia no requerirá el previo consentimiento del titular de los datos a los efectos de su cesión, ni la ulterior comunicación de ésta, cuando estén relacionados con el giro de las actividades comerciales o crediticias de los cesionarios” (el destacado es nuestro).
   
  Así las cosas, a la fecha de emisión del dictamen del Procurador General de la Nación [4], el régimen jurídico había sido modificado por una ley especial, regulatoria de la protección de los datos personales.

Con posterioridad, el Decreto 1558/2001 [5], reglamentario de la LPDP, se encargó de aclarar que:
   
  ARTICULO 26 - A los efectos del artículo 26, inciso 2, de la Ley Nº 25.326, se consideran datos relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones los referentes a los contratos de mutuo, cuenta corriente, tarjetas de crédito, fideicomiso, leasing, de créditos en general y toda otra obligación de contenido patrimonial, así como aquellos que permitan conocer el nivel de cumplimiento y la calificación a fin de precisar, de manera indubitable, el contenido de la información emitida.

En el caso de archivos o bases de datos públicos dependientes de un organismo oficial destinadas a la difusión al público en general, se tendrán por cumplidas las obligaciones que surgen del artículo 26, inciso 3, de la Ley Nº 25.326 en tanto el responsable de la base de datos le comunique al titular de los datos las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido difundidas durante los últimos SEIS (6) meses.

Para apreciar la solvencia económico-financiera de una persona, conforme lo establecido en el artículo 26, inciso 4, de la Ley Nº 25.326, se tendrá en cuenta toda la información disponible desde el nacimiento de cada obligación hasta su extinción. En el cómputo de CINCO (5) años, éstos se contarán a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible. Si el deudor acredita que la última información disponible coincide con la extinción de la deuda, el plazo se reducirá a DOS (2) años. Para los datos de cumplimiento sin mora no operará plazo alguno para la eliminación.

A los efectos del cálculo del plazo de DOS (2) años para conservación de los datos cuando el deudor hubiere cancelado o extinguido la obligación, se tendrá en cuenta la fecha precisa en que se extingue la deuda.

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 26, inciso 5, de la Ley Nº 25.326, el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA deberá restringir el acceso a sus bases de datos disponibles en Internet, para el caso de información sobre personas físicas, exigiendo el ingreso del número de documento nacional de identidad o código único de identificación tributaria o laboral del titular de los datos, obtenidos por el cesionario a través de una relación contractual o comercial previa” (el destacado es nuestro).

Teniendo presente este contexto fáctico, seguidamente analizaremos la postura propiciada por el Procurador General de la Nación y la resolución que adoptó la CSJN.
   
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   III. El criterio propiciado por el Procurador General de la Nación
  En su dictamen, el Procurador General de la Nación sostuvo que, con la sanción y vigencia de la LPDP, la cuestión planteada por la actora deviene abstracta.

Para arribar a esta conclusión, el Procurador consideró que la LPDP y la LTC son leyes sucesivas, que legislan sobre una misma materia. De este modo, por aplicación del principio de “lex posteriori”, ante una contradicción entre el art. 53 de la LTC –en cuanto impide informar los datos de mora de titulares de tarjetas de crédito- y el art. 26 de la LPDP –en cuanto regula la prestación de servicios de información crediticia estableciendo, como regla general, que la información sobre la mora puede ser facilitada por el acreedor-, debe prevalecer la norma de la LPDP.

Adicionalmente, sostuvo que la prohibición prevista en el art. 53 de la LTC fue dispuesta por el legislador cuando aún no existía el completo andamiaje de protección legal establecido por la LPDP –sugiriendo que en el contexto jurídico posterior a la vigencia de la LPDP, tal prohibición no tendría sentido porque existe un nivel de protección legal adecuado para los datos de mora.

Como último argumento, el Procurador señaló que la vigencia del art. 53 de la LTC afectaría el principio de calidad de los datos establecido en la LPDP, por cuanto implicaría “escatimar a las bases de datos crediticios información sobre deudas que es obligatorio proveer al Banco Central -y que éste incorpora a la Central de Deudores del Sistema Financiero, que es accesible al público- imponiéndole un procedimiento elíptico para recoger los datos que obstaculiza el requerimiento legal de velar por la actualidad de los informes que se emiten y por ende, con menoscabo de su veracidad”.

En otras palabras, el Procurador entendió que, por los motivos que reseñamos, el art. 53 de la LTC se encontraba tácitamente derogado por la LPDP.

Como veremos seguidamente, la CSJN no adhirió al criterio propiciado por el Procurador a pesar de que –según surge del fallo-, ambas partes manifestaron en el expediente su conformidad con el criterio del Procurador [6].
   
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   IV. La solución dada por la CSJN
  Como adelantamos, en contra de lo sostenido por el Procurador General de la Nación –y compartido por las partes-, la CSJN resolvió que el art. 53 de la LTC se encuentra plenamente vigente y no se contradice con el art. 26 de la LPDP [7]. Por el contrario, el criterio que surge de la sentencia de la CSJN implica que ambas normas resultan complementarias y se encuentran vigentes.

Los argumentos en que se basa la CSJN -con profusas citas de sus precedentes- para resolver de este modo son: (i) la derogación de las leyes no puede presumirse ni surgir de la interpretación de una norma de naturaleza infralegal; (ii) una norma general no deroga las disposiciones o leyes especiales anteriores, salvo que se efectúe una referencia expresa a éstas o que exista una manifiesta incompatibilidad entre ambas; y (iii) jamás puede suponerse la inconsecuencia del legislador, por lo que la interpretación de las normas debe hacerse de modo tal de compatibilizar sus previsiones.

Con relación al primero de los argumentos, la CSJN se funda en sus precedentes históricos acerca de la interpretación de las leyes y en el hecho de que la LPDP en ningún momento realiza alguna alusión expresa a la derogación del art. 53 de la LTC. Adicionalmente, con relación al argumento vinculado a que el Decreto 1558/2001 -al reglamentar el art. 26 de la LPDP- efectúa una alusión expresa a las “tarjetas de crédito”, la CSJN deja aclarado que una norma infralegal no podría derogar lo dispuesto en una ley de rango superior.

El segundo argumento apuntado pareciera evidenciar que la CSJN interpreta que la LTC constituye una ley especial respecto de la LPDP. Siguiendo este criterio, el art. 53 de la LTC sería perfectamente compatible con el régimen de la LPDP por cuanto establecería una excepción al régimen general dispuesto por el art. 26 de la LPDP. En este sentido, además, la CSJN aclara que la disposición del art. 53 de la LTC no impide a las empresas que se dedican a la provisión de informes comerciales recabar información acerca de la mora en tarjetas de crédito, sólo impone que dicha información deba ser suministrada con intermediación del Banco Central de la República Argentina (en adelante el “BCRA”) (porque las empresas de riesgo crediticio podrían tomar de las bases del BCRA los datos que consideren pertinentes).

El último argumento que expone la CSJN también se funda en inveterados precedentes, según los cuales no puede presumirse la inconsecuencia o falta de previsión del legislador. En este caso, la CSJN analizó los antecedentes parlamentarios de la LTC y la LPDP para concluir que ambas fueron tratadas por el Congreso de la Nación en un período muy cercano en el tiempo y -además- en el caso del art. 53 de la LTC, hubo insistencia del órgano legislativo en los términos del art. 83 de la Constitución Nacional, por lo que no aparece como razonable que el legislador haya querido “derogar tácitamente” la mencionada norma.
   
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   V. Conclusiones
  Ante todo, consideramos necesario destacar que este nuevo fallo de la CSJN es muy valioso para el sistema de protección de datos personales porque viene a echar luz sobre algunos aspectos que, hasta la actualidad, planteaban discusiones en doctrina y generaban incertidumbre en las empresas (tanto las que prestan servicios de información crediticia como las emisoras de tarjetas de crédito). En este sentido, la CSJN ha sido explícita en su resolución, despejando cualquier duda: el art. 53 de la LTC se encuentra vigente, y debe ser interpretado armónicamente con el art. 26 de la LPDP.

En rigor, un criterio similar ya había sido expuesto por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, en el año 2001, cuando se planteó una situación análoga y dicho Tribunal resolvió del mismo modo que ahora lo hizo la CSJN, apelando a una interpretación armónica, finalista e integradora de las normas [8]. Además, es la solución que propiciaba parte de la doctrina para integrar las dos normas [9]. Es por ello que en el título del presente indicamos que el fallo era previsible, sin que tal adjetivo importe restarle valor o importancia a lo decidido.

Ahora bien, la solución que ha dado la CSJN al aparente conflicto entre el art. 53 de la LTC y el art. 26 de la LPDP nos parece saludable. Sin embargo, tenemos algunos interrogantes con relación a posibles consecuencias de la interpretación dada por el Máximo Tribunal.

En particular, consideramos que el último de los argumentos esgrimidos por el Procurador General de la Nación en su dictamen resulta razonable y no es refutado por la interpretación armónica brindada por la CSJN. Es que, según la interpretación que surge del fallo, las empresas que prestan servicios de informes comerciales no estarían impedidas de obtener e informar datos de morosidad de deudores de tarjetas de crédito siempre que dichos datos se obtuviesen de la base de datos del BCRA.

Este circuito (empresa emisora de tarjetas de crédito -BCRA- empresa prestadora de servicios de información crediticia) no aparece prima facie como una solución eficiente en términos del principio de calidad de los datos, porque las posibilidades de que la empresa prestadora de servicios de información crediticia tenga en todo momento los datos actualizados es menos probable que si los obtuviera directamente de la empresa emisora de tarjetas de crédito.

Además, la existencia de este circuito podría dificultar la atribución de responsabilidades en caso de reclamos por datos desactualizados. Y esto podría conllevar a que, en la práctica, los titulares de los datos personales no sean correctamente resarcidos.

En suma, compartimos en términos generales la solución dada por la CSJN a este supuesto conflicto normativo, pero consideramos que aún falta definir en la práctica ciertos aspectos que podrían dar lugar a consecuencias disvaliosas de esta interpretación.
   
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[1] Comentario al fallo O. 180. XXXVI - “Organización Veraz S.A. c/ E.N. - P.E.N. - M° E. y O.S.P. s/ amparo ley 16.986” - CSJN - 06/03/2007 - elDial - AA3BB6.
[2] Sancionada con fecha 07/12/1998, publicada en el Boletín Oficial de la Nación con fecha 14/01/1999 y luego confirmada por Mensaje del Senado con fecha 01/09/1999, publicado en el Boletín Oficial de la Nación con fecha 24/09/1999.
[3] Cabe destacar que no hemos tenido acceso al expediente judicial, por lo que nuestros comentarios se basarán únicamente en lo que surge del fallo de la Corte Suprema.
[4] El dictamen fue emitido con fecha 31/05/2001.
[5] Dictado el 29/11/2001 y publicado en el Boletín Oficial de la Nación el 03/12/2001.
[6] En efecto, tanto en el voto de la Dra. Highton -ver considerando 5º- como en la disidencia del Dr. Pettracchi -ver considerando 4º- se aclara que, teniendo en cuenta el cambio en las circunstancias jurídicas ocasionado por la vigencia de la LPDP, la CSJN confirió traslado a las partes para que manifestaran “lo que estimen pertinente sobre la validez de la ley 25.326 y su decreto reglamentario” en forma previa a resolver. Ante ello, también según lo reseñado en los votos aludidos, la actora compartió el criterio del Procurador General de la Nación, y añadió como argumento adicional que el art. 26 del Decreto Reglamentario de la LPDP contiene una expresa alusión a las “tarjetas de crédito”, en tanto que el Estado Nacional también manifestó compartir el criterio del Procurador General.
[7] El voto mayoritario fue suscripto por los Dres. Lorenzetti, Fayt, Maqueda, Zaffaroni y Argibay, en tanto que, concluyendo de igual modo pero por sus fundamentos, emitió su voto coincidente la Dra. Highton.
[8] Nos estamos refiriendo al caso “Magoia”, de la Sala A de la Cámara de Apelaciones de Córdoba, del 09/11/2001, citado y explicado por Pablo Palazzi en “La Protección de los Datos Personales en la Argentina”, Errepar, 2004, p. 177.
[9] Palazzi, Pablo A., ob. cit., p. 179 y ss.
   
   
 
(*) elDial.Express, 14 de marzo de 2006
   
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