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  Caso Trenes
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Derechos de usuarios de servicios públicos a un trato equitativo y digno. No discriminación por la condición socioeconómica.

A partir de la privatización del Servicio de Transporte Ferroviario, una misma empresa (TBA S.A.) obtuvo la concesión para explotación de dos ramales “Mitre” y “Sarmiento”. Uno de ellos (el ramal Mitre), prestaba el servicio hacia la zona norte del Gran Buenos Aires (Retiro-Tigre) y el otro (el ramal Sarmiento) tiene un recorrido hacia la zona oeste del Gran Buenos Aires (Once-Moreno).

El universo de usuarios de ambos recorridos es relativamente fijo, y las condiciones socioeconómicas de ambos grupos son significativamente diferentes: de acuerdo con los indicadores estadísticos oficiales, los residentes en la zona norte tienen en términos generales una condición socioeconómica significativamente mejor y más aventajada que los de la zona oeste.

A su vez, los usuarios de ambos ramales pagaban tarifas homogéneas por el servicio de trenes.

Sin embargo, las condiciones del servicio entre ambos ramales eran notoriamente diferentes en prácticamente todas las variables relevantes (calidad del material rodante, puntualidad, higiene, frecuencias, seguridad, calidad de las estaciones, iluminación, etc.). Esta situación era conocida y avalada por las propias autoridades regulatorias del transporte (Secretaría de Transporte de la Nación) que incluso habían suscripto acuerdos con la empresa que consagraban condiciones de trato desiguales entre ambas líneas.

La Clínica Jurídica y la Unión de Usuarios y Consumidores promovieron una acción de amparo colectivo antidiscriminatorio, a fin de que se condenara a la empresa y al Estado Nacional a cesar en la conducta discriminatoria contra los usuarios de la zona oeste y a mejorar las condiciones del servicio para igualarlo con el de la zona norte.

Luego de diversas actividades probatorias, que incluyeron pericias e inspecciones personales del juez sobre las condiciones del servicio se dictó la sentencia del caso.

El juez declaró la existencia de una práctica discriminatoria inconstitucional, declaró la nulidad de los acuerdos que establecían condiciones desiguales entre los dos servicios, impuso la realización de mejoras inmediatas en la higiene y salubridad de los trenes y ordenó que el estado y la empresa, con la participación de las asociaciones de usuarios interesadas revisaran las condiciones del servicio a fin de asegurar su organización no discriminatoria.

Tras la apelación, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal revocó el fallo de primera instancia y rechazó la acción de amparo. Para ello, consideró que el planteo relativo a los principios de uniformidad y trato equitativo debían ser examinados en “el contexto de la emergencia pública que ha sido declarada y, específicamente, que mediante el decreto 2075/2002, se declaró en estado de emergencia la prestación de los servicios ferroviarios en la medida en que la señalada crisis fiscal afectaba tanto el cumplimiento de los planes de inversión en obras oportunamente acordados como la explotación del servicio, que se hallaban sujetos a determinados subsidios o aportes del Estado Nacional”.

También había argumentado que si bien no importa afirmar que el servicio esté siendo prestado en condiciones óptimas ni totalmente adecuadas, “lo cierto es que -en lo que a este proceso interesa- la situación imperante a la fecha del inicio de esta causa y en la actualidad resulta notoriamente diversa; habiéndose producido cambios significativos en relación con las cuestiones que fueron materia de la pretensión articulada en autos”.

Finalmente, agregó que “esta causa judicial no es el ámbito adecuado para instrumentar una revisión sobre la forma en la que se efectúa la explotación y cumplimiento de la prestación que ha sido otorgada a la codemandada Trenes de Buenos Aires S.A. (…) [lo que] no importa descartar que, mediante la implementación de vías pertinentes, se pueda instar a que se cumpla con el mantenimiento adecuado de las unidades, la prevención de los actos vandálicos y, en definitiva, la mejora de la calidad del servicio, a fin de que todos los ciudadanos podamos acceder a un servicio de transporte de pasajeros digno”.

Tras el fallo de la Cámara, los alumnos presentaron un recurso extraordinario y la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al pedido concediéndole la razón al fallo de primera instancia argumentando que “si bien el apelante —sobre la base de reiteradas comparaciones entre las Líneas Sarmiento y Mitre— ha planteado la existencia de un trato desigual y discriminatorio, también -con sustento en el artículo 42 de la Constitución Nacional- se ha agraviado del incumplimiento de condiciones mínimas de seguridad y trato digno respecto de los usuarios de la Línea Sarmiento”.

Fallo completo »


     
 
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