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Publicación: 08 de marzo de 2012
Sección: Opinión
Página: 31 |
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| Autor: Gustavo Maurino, Director de la Clínica Jurídica y Profesor de la carrera de Abogacía de la Universidad de Palermo. |
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| Los derechos no se toman en serio |
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Lejos de fortalecer las instituciones e impulsar un robusto imperio de la legalidad, a nivel nacional se presenta un cúmulo notable de deficiencias que amparan el ejercicio arbitrario del poder y dejan a las personas en situación de indefensión.
Todo Estado decente debe efectivizar un fuerte compromiso con los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Ahora bien, hay dos maneras diferentes en que las autoridades pueden manifestar dicho compromiso: una débil y trivial y la otra robusta y significativa.
Por supuesto, cada gobierno adopta una "concepción" respecto de los derechos fundamentales, las jerarquías entre ellos, su importancia frente a las políticas públicas, alcance, proyecciones y límites, en particular ante a las decisiones del propio gobierno.
Esto último es lo más importante para los habitantes, pues aquello que el gobierno considere que no es un derecho es lo que estará dispuesto a negarnos o quitarnos, considerando honestamente que al hacerlo respeta la ley.
La forma débil y trivial en que un gobierno se compromete con los derechos consiste en ser activo y consistente en la acción para plasmar socialmente su concepción sobre los derechos y lograr que el sistema institucional se conforme a ella. Gobiernos de derecha o izquierda, igualitarios o libertarios, previsiblemente diferirán en sus visiones sustantivas, pero se tomarán de igual manera "el compromiso con (la imposición de su concepción sobre) los derechos". Esta forma de compromiso es débil porque identifica "los derechos" con "la concepción gubernamental sobre ellos" y es trivial porque en rigor el compromiso es con la propia agenda política, y los derechos son sólo una parte funcional en ella.
Alternativamente, concebimos al compromiso con los derechos como robusto y significativo cuando las autoridades están dispuestas a condicionar su agenda política al resultado de la discusión social institucionalizada, inclusiva y no dominada, acerca de ellos; cuando respeta la existencia de mecanismos y agencias institucionalizadas para procesar los acuerdos y conflictos propios de distintas visiones sociales acerca de los derechos y límites, sin aspirar a monopolizar tales ámbitos.
Un gobierno se compromete en serio con los derechos cuando renuncia a ser la única voz y contribuye a que todos participemos -a través del consenso y el conflicto- en la construcción de una cultura de derechos que nos represente a través del tiempo.
Este compromiso es robusto pues abre la cuestión de los derechos a todos los interesados y es significativo porque condiciona las políticas a lo que resulta de dicho proceso.
Para evaluar el compromiso con los derechos en este sentido no hay mejor indicador que analizar las políticas en relación con las instituciones, mecanismos y actores habilitados para poner los derechos en la agenda; aquéllos que no tienen por función implementar la visión oficial sobre el tema sino controvertirla y desafiarla.
Se debe decir que, a nivel federal, es difícil afirmar la consistencia de un serio compromiso con los derechos fundamentales, en el sentido robusto que consideramos valioso, cuando la Defensoría del Pueblo órgano de control para defender a la ciudadanía está casi acéfala hace tres años y sus autoridades suplentes tienen mandato vencido desde 2009; el INADI ha sido mancillado para pagar militancia partidaria y ahora intervenido hace casi un año, desinstitucionalizado con un interventor "ad honorem"; tres de los cinco entes de control de servicios públicos que deben proteger los derechos de los usuarios están intervenidos desde hace casi una década y los otros con sus directorios incompletos y sin autonomía; las leyes de protección de bosques y glaciares permanecen sin reglamentación y operativización completa; los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relativos a derechos sociales y ambientales (juicios jubilatorios, libertad de asociación sindical, saneamiento del Riachuelo) incumplidos durante años; el "Defensor del Público", único mecanismo de protección de derechos en la ley de medios audiovisuales nunca ha sido designado; el procurador penitenciario quien debe defender los derechos de las personas privadas de libertad- desempeña sus funciones en el aire dado que su nombramiento venció hace años; nunca se designó al Defensor de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y se aprobó la persecución penal con cargos de terrorismo contra quienes cometan algún hecho delictivo en ocasión de reclamar contra el gobierno nacional.
El año que comienza ofrece una agenda robusta de compromisos pendientes con los derechos, que la administración y el Congreso tienen la elección de honrar o seguir postergando.
(Poder Judicial) |
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