Nueva reforma de la IGJ para agilizar la inscripción de sociedades extranjeras

La Inspección General de Justicia (IGJ) oficializó una profunda reforma del régimen aplicable a las sociedades extranjeras mediante la Resolución General 4/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, con el objetivo de simplificar trámites, reducir costos y facilitar la llegada de inversiones al país. La nueva normativa, que entrará en vigencia el 27 de mayo, reorganiza los requisitos de inscripción para las empresas constituidas en el exterior que quieran participar en sociedades locales o actuar de manera habitual en la Argentina a través de sucursales, asientos o representaciones permanentes. 

La medida elimina trámites previos y deroga el 67% del régimen anterior, suprimiendo exigencias que no estaban previstas por la ley, como la presentación de traducciones certificadas de toda la historia societaria, reformas estatutarias antiguas o documentación en papel proveniente del exterior, cuyos costos podían superar los 100.000 dólares. 

Entre los principales cambios, la resolución admite la presentación del último estatuto ordenado vigente, acepta documentación digital apostillada y permite realizar en un único trámite simultáneo tanto la inscripción de la sociedad extranjera como la constitución de la sociedad local. Además, la inscripción bajo el artículo 118 de la Ley General de Sociedades exime de realizar también la prevista en el artículo 123. 

La IGJ mantuvo únicamente los requisitos considerados esenciales para el control registral, como el certificado de vigencia de la sociedad, la designación de representantes legales y las declaraciones juradas vinculadas con beneficiarios finales y prevención de lavado de activos. La norma también fija nuevas pautas para la presentación de estados contables de sucursales y simplifica la acreditación del capital asignado. 

En los fundamentos de la resolución, el organismo sostuvo que simplificar no implica eliminar controles, sino remover obstáculos innecesarios que dificultan el acceso a la economía formal y desalientan la inversión extranjera directa, para avanzar hacia un sistema “más predecible, accesible y homologable con los estándares internacionales vigentes”.