Cambios en la ley de inversiones mineras: cuáles son las principales modificaciones

El Gobierno nacional aprobó una nueva reglamentación para el Régimen de Inversiones para la Actividad Minera con el objetivo de modernizar procedimientos, reducir cargas administrativas y adecuar la normativa a las condiciones productivas, tecnológicas y ambientales actuales. 

La medida fue oficializada mediante el Decreto 482/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, y reemplaza la reglamentación vigente desde 1993. Según el Poder Ejecutivo, la actualización busca fortalecer la competitividad del sector, otorgar mayor previsibilidad jurídica a las inversiones y modernizar los mecanismos de control estatal. 

Uno de los principales cambios está vinculado al régimen de importaciones. La nueva normativa elimina el sistema de autorizaciones previas y certificados emitidos por la autoridad de aplicación para la incorporación de bienes de capital e insumos destinados a proyectos mineros. En su lugar, las empresas deberán presentar una declaración jurada sobre el destino de los bienes, que será validada automáticamente a través del Sistema Informático Malvina (SIM), integrado con la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA). 

La reglamentación también introduce modificaciones en materia de estabilidad fiscal, beneficio que la Ley de Inversiones Mineras garantiza por un plazo de 30 años. A partir de ahora, la estabilidad se considerará vigente desde la presentación del estudio de factibilidad o de la documentación complementaria aprobada, mientras que el certificado correspondiente tendrá carácter declarativo. Además, las empresas deberán informar cualquier cambio sustancial que pueda afectar la viabilidad técnica, económica o legal del proyecto. 

Otro de los puntos destacados es la simplificación del mecanismo de devolución anticipada del IVA para las etapas de prospección y exploración. El trámite quedará limitado a la presentación de facturas y comprobantes de pago, eliminándose la obligación de comunicar previamente los trabajos exploratorios. 

En materia ambiental, la norma armoniza las exigencias de la Ley de Inversiones Mineras con la Ley General del Ambiente. Como novedad, la acreditación del Seguro Ambiental Obligatorio podrá sustituir, previa evaluación de la autoridad competente, la previsión especial destinada a financiar tareas de recomposición ambiental. 

Finalmente, todos los beneficiarios deberán constituir un domicilio legal electrónico y presentar una declaración jurada anual a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), acompañada por un informe económico-financiero firmado por un profesional habilitado.