El autor señala que las universidades y el Estado están unidos en un matrimonio tormentoso pero vital, se necesitan entre sí, pero están basados en principios fundamentalmente diferentes. Plantea que las universidades deben tener la libertad asegurada.
Fue escrito en 1991, en un marco muy específico: el de la controversia política que enfrentó a las universidades con el gobierno inglés por un proyecto de reforma de la educación. El autor describe el proyecto como una avanzada intervencionista del Estado sobre las universidades y plantea su postura en ese debate. Señala que las universidades y el Estado están unidos en un matrimonio tormentoso pero vital, se necesitan entre sí, pero están basados en principios fundamentalmente diferentes. Plantea que las universidades deben tener la libertad asegurada.
El Estado ha invadido la tradicional libertad académica de las universidades que luchan por mantenerla para lograr una educación superior de calidad. La obra fue escrita en 1991 en un contexto de controversia política que enfrentó a las universidades con el gobierno inglés por un proyecto de reforma de la educación. El autor describe el plan como una avanzada intervencionista del Estado sobre las universidades y toma postura en ese debate. Señala que las universidades y el Estado están unidos en un matrimonio tormentoso pero vital, se necesitan entre sí, pero están basados en principios fundamentalmente diferentes. Plantea que las universidades deben tener la libertad asegurada.
Mediante el examen de los derechos y demandas conflictivas entre Estado y Universidad, el profesor Russell redefine las relaciones y jerarquías de poder entre ellos. ¿Tienen las universidades el derecho de autogobernarse? ¿Cuáles son las responsabilidades que tienen las universidades con el Estado? ¿Tienen las universidades derecho de acceder a fondos públicos? ¿Cuál es el límite del poder del Estado para controlar la libertad académica? El libro analiza éstas y otras cuestiones en un relato filosófico e informativo buscando una delimitación de fronteras entre estos dos actores sociales.
Conrad Russell
Profesor del King´s College de la Universidad de Londres
Estudió en Eton y Merton en Oxford. Fue profesor de historia de la Universidad de Yale y del King’s College de Londres hasta su retiro. Hijo del afamado filósofo Bertrand Russell, heredó el título de quinto Conde Russell. Activo partícipe de la política inglesa, primero representó al Partido Laborista y luego al Partido Demócrata Liberal. Fue miembro electo de la Cámara de los Lores del Reino Unido.
Sus obras más destacadas incluyen: “La crisis de los Parlamentos: Historia inglesa” 1509-1660 (1971), “Los orígenes de la Guerra Civil Inglesa” (1973), “Los parlamentos y la política inglesa, 1621-1629” (1979), “La caída de las monarquías británicas 1637-1642” (1991).
Juan Carlos Del Bello y Eduardo Mundet debatieron sobre la relación entre el Estado y las Universidades, los límites de la libertad académica y la tensión entre masividad y calidad en la presentación del libro “La libertad académica” de Lord Conrad Russell.
El necesario equilibrio entre la autonomía académica y el control del Estado
Juan Carlos Del Bello:
El autor defiende a rajatabla la libertad académica. Sostiene que el deber de una universidad no es solamente transmitir conocimientos, sino la función de investigación, y es en ese marco que establece una serie de principios, entre los cuales señala que los Estados no están en condiciones de definir los contenidos de los planes de estudio, su duración, los métodos de enseñanza, el calendario académico, la modalidad de exámenes y el tema de la inamovilidad de los docentes, en términos de relación contractual, es decir, los docentes vitalicios.
Es muy difícil disentir con el planteo que hace Russell sobre libertad académica. Está dentro del sentido común, difícilmente un gobierno, cualquiera sea su signo político, pueda determinar contenidos, duración, etc.
Respecto a la distancia entre el Estado y la universidad, el autor comienza a tener una postura un poco ecléctica porque dice que el Estado podría intervenir en algunos temas como, por ejemplo, resguardar el interés general con algunas profesiones.
Russell dice que el Estado debe intervenir, pero a través de delegados o intermediarios; pone el acento en el tema de la investigación y cuestiona que haya fondos destinados a la investigación en función de prioridades. Lo que está en debate es la responsabilidad, la rendición de cuentas y la libertad académica.
Eduardo Mundet:
El libro plantea una tensión entre dos intereses, con el inconveniente de que si se protege a uno se desprotege al otro, el conocido problema de la sábana corta. Está el interés del Estado de controlar, y, por otro lado, la autonomía, que es un medio para que las universidades funcionen. El tema es tratar de encontrar un equilibrio. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? Desde la teoría se puede sostener la autonomía a rajatabla, pero lo que cuenta realmente es la legislación que la regula. Podemos tener una regulación que reconozca la autonomía de las universidades, entonces se habrá inclinado la balanza, pero es una elección. Creo que tiene que ser así.
El propósito del autor es enfatizar la libertad de investigación. Pero también debería estar la libertad de enseñar y la libertad de aprender, de donde se desprende un gran debate.
¿En qué aspectos creen que el Estado debería intervenir en las universidades en nuestro país?
Juan Carlos Del Bello:
Hoy tenemos más de un centenar de universidades que cubren el territorio de manera desequilibrada y, por lo tanto, el Estado no puede renunciar a una actividad mínima de programación o planificación. El Estado, en un sistema democrático, puede plantear que hay determinadas prioridades y asignar mayores recursos ahí, lo que no puede hacer es determinar el cómo se tiene que investigar o cuáles son los temas de la investigación. Me parece muy interesante el concepto que ofrece Ricardo Popovsky en el prólogo del libro de Russell. Alude al concepto de autonomía definido por la Corte Suprema de Estados Unidos, en el que se dice que hay cuatro libertades que son determinadas por sí mismas en cuestiones académicas: quién debe enseñar, qué puede ser enseñado, cómo debe ser enseñado y a quién se debe admitir para estudiar.
Eduardo Mundet:
En nuestro sistema ha ocurrido un cambio, hasta 1991 el presupuesto de las universidades públicas lo aprobaba el Congreso de la Nación. Aprobaba la suma que recibía cada universidad y, además, cómo se distribuía esa suma. Eso era una seria limitación para las universidades. A partir de 1992 el sistema cambió, ahora el Congreso de la Nación aprueba una partida global a las universidades que le permite a la institución armar su presupuesto y distribuirlo. Desde entonces se ha retomado con mayor sentido el criterio de libertad académica. No obstante todavía queda algún problema, es cierto que el Estado ya no define sus partidas presupuestarias, pero sí lo hace con el monto global que reciben. Ese es un problema porque ahí empieza el lobby. Lo mejor sería que el presupuesto histórico de cada universidad se respetara y que los aumentos fueran sobre pautas objetivas o de políticas. Un tema clave es el artículo 43 de la Ley de Educación Superior. El Estado está representando a la sociedad, la universidad debe, además de enseñar, certificar; la universidad dice “yo le garantizo que este señor está capacitado para curarlo”. Hay una fe pública, entonces el Estado tiene derecho a controlar. Ahí está la necesidad de un límite a la autonomía impuesto por un interés superior al de la propia autonomía. La Ley resuelve con la intervención del Estado.
El autor plantea que cuando el dinero es limitado la alternativa es entre la cantidad y la calidad, ¿qué opinan?
Juan Carlos Del Bello:
Es cierto que con recursos escasos hay una tensión entre masividad y calidad. Es evidente. Lo que hay que resolver es cómo asegurar la calidad; es un tema en tensión y cómo se logra esto, depende de cada universidad. Si me pregunta a mí le digo que los sistemas con ingreso irrestricto en universidades que ven sus capacidades educativas desbordadas es un acto de irresponsabilidad. Es decir, clases de trescientos alumnos con un solo profesor conspira contra la calidad. Creo que no resuelve la calidad ni la equidad. Otro tema es el de la aprobación de universidades. En otros países de América Latina en el segmento privado hubo experiencias de desregulación que no aseguraban condiciones mínimas. En la Argentina, en cambio, tenemos un sistema de regulación exigente para la existencia de universidades privadas.
Eduardo Mundet:
Estoy convencido de que las universidades no pueden recibir más alumnos de lo que tiene capacidad para formar porque si no, no los van a formar pero van a otorgar los títulos igual. Desde el punto de visto político podemos pedirle al Estado que ponga el suficiente dinero para que nadie quede afuera, que no se hagan exámenes de ingreso que sean restrictivos. Desde lo legal tenemos que decir que, hasta que eso ocurra, la universidad no puede recibir más alumnos de los que está en condiciones de formar.
Russell sostiene que una universidad que no investiga no es tal, ¿ustedes suscriben?
Juan Carlos Del Bello:
En términos generales sí, pero no se lo puede extremar. El modelo universitario argentino no es de una universidad de investigación, sino que tiene un enfoque claramente profesionalista. Russell defiende la actividad de investigación porque está refiriéndose a profesores de tiempo completo.
Eduardo Mundet:
El autor plantea dos cosas: un docente que no haga investigación no es un docente, una universidad que no tenga investigación no es una universidad, creo que son dos cosas distintas. La docencia y la investigación tienen características diferentes, requieren vocaciones distintas, que pueden coincidir o no. El docente tiene que estar formado en lo que va a enseñar y estar actualizado. Pero no hace falta que además sea investigador. Es importante que en las universidades haya investigación, pero la relación que plantea el autor es demasiado tajante.
