Fallos de la Corte: lecturas divididas

En mayo de 2017 una mayoría de tres jueces de la Corte Suprema decidió que los responsables de crímenes de lesa humanidad eran merecedores del beneficio de reducción de condena conocido como 2x1 (caso Muiña). En diciembre de 2018, este mismo tribunal, con cuatro votos concurrentes, entendió lo contrario (caso Batalla).



Dos de los magistrados que integraron la mayoría en el primer caso, Rosatti y Highton, cambiaron de posición. Las discrepancias entre los jueces en torno a los casos del 2x1 expresan una discrepancia más profunda y permanente sobre sus perspectivas acerca de cómo deben hacer su trabajo los magistrados encargados de decidir sobre el significado de nuestra constitución. Es probable que veamos manifestaciones de estas diferencias en futuras decisiones.

Saber qué dice la Constitución es una tarea difícil que obliga a los jueces a recurrir a lo que los juristas llaman una teoría interpretativa. Con un claro objetivo didáctico, desde los tribunales y la academia se ha tratado de asimilar el derecho con las reglas del fútbol, a los casos con partidos en los que los equipos luchan por ganar, a los jueces con los árbitros de ese deporte y al pueblo con la tribuna.

Sin embargo, esa analogía no funciona. A diferencia de las relativamente claras reglas que el referee debe aplicar, la Constitución establece principios y valores tales como la igualdad o la libertad, cuyo significado debe ser dilucidado o construido mediante procesos sumamente complejos y que se vinculan con el tipo de argumentación y debate jurídico que tiene lugar en el marco de las causas judiciales, entre otros ámbitos. El hecho de que el lenguaje de valores y principios que encontramos en la Constitución sea difícil de interpretar, no implica que no existan o no puedan ser desentrañados. Solo hace que esta tarea sea más compleja.

Los casos del 2x1 y particularmente el decidido por la Corte Suprema el pasado 4 de diciembre, Batalla, pusieron en evidencia la existencia de tres bloques de jueces con sus correspondientes posturas antagónicas sobre cómo interpretar la constitución Lorenzetti y Maqueda decidieron, en base a un intento por conciliar los compromisos internacionales, que en materia de derechos humanos suscribió la Argentina, la jurisprudencia de la propia Corte Suprema al interpretar la Constitución Nacional y lo que desde su punto de vista es la adhesión de nuestra comunidad política al mandato de aplicar siempre la sanción penal correspondiente a los crímenes de lesa humanidad. Estos jueces se basan, a mi entender correctamente, en la idea de que nuestra Constitución expresa valores que los magistrados deben preservar, más allá de la voluntad popular o de sus propias convicciones personales. Por eso no consideraron relevante para su decisión la ley del Congreso que “interpretaba” la ley del 2x1. Sus argumentos son idénticos en ambos casos.

Rosatti y Highton, por su parte, consideraron que el significado de la Constitución debía buscarse en la voluntad popular expresada en el Parlamento.

Por eso fallaron de modo diferente antes y después de la ley del Congreso que, según ellos, estableció por primera vez que los perpetradores de crímenes de lesa humanidad no podían recibir el beneficio de reducción de pena que establecía la ley del 2x1. Así, desde esta perspectiva, la voluntad popular manifestada en el Parlamento es la que tiene la última palabra acerca de cómo se debe interpretar la Constitución. El problema con esta perspectiva es que, de este modo, el rol que tienen los jueces de controlar las decisiones del Parlamento se diluye casi hasta la extinción.

Ese control que tiene por objeto evitar que las mayorías legislativas violen la Constitución, termina recayendo, de hecho, en esas mismas mayorías. Si el Congreso no hubiera sancionado una ley distinguiendo una aplicación diferente del 2x1 a delitos comunes y crímenes de lesa humanidad, o hubiera sostenido lo contrario de lo que sancionó, estos jueces, o al menos Rosatti, se hubieran allanado a esa voluntad y hubieran votado igual que en 2017.

Rosenkrantz, finalmente, entendió en ambos casos que el principio de igualdad ante la ley previsto en la Constitución obligaba a la Corte a aplicar de forma idéntica el beneficio del 2x1 a responsables de delitos comunes y de crímenes de lesa humanidad.

También consideró que la ley que el Congreso dictó en 2017 violaba el principio de irretroactividad de la ley penal. Su perspectiva asume que éste es un caso fácil y así soslaya la complejidad del pleito que sí percibe la primera dupla de jueces. Para este magistrado, el texto de la ley del 2x1 es claro y no aplicarla del modo en que él lo hizo atentaría contra la independencia del juez, que no debería fallar en base a convicciones personales o siguiendo la voluntad de la mayoría.

El problema es que este encuadre del caso no incorpora al análisis los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino y la jurisprudencia de la propia Corte Suprema que justificarían limitar la aplicación del 2x1 solo a los delitos comunes y no a los crímenes de lesa humanidad, como decidieron en ambos casos Maqueda y Lorenzetti.

Todas estas tesis acerca de cómo debe ser interpretada la Constitución conducen, como resulta evidente en los casos del 2x1, a decisiones diferentes, y en ellas podemos entrever en qué residen los verdaderos y profundos desacuerdos de nuestros jueces supremos que guiarían sus decisiones futuras, siempre y cuando se mantengan fieles a las tesis interpretativas que presentaron en los casos sobre el 2x1.

Roberto Saba es Profesor de Derecho Constitucional y DD.HH. (UBA-Universidad de Palermo).