Sobre CIVES

Por Mauricio Devoto, director del CIVES

Los términos ciudadano y ciudadanía han sido utilizados en la historia del mundo occidental para identificar distintas cuestiones que hacen a la relación de la persona -sujeto individual- con la comunidad, la ciudad, el Estado o la región de la que forma parte.

Dentro de estas cuestiones se observa una amplia variedad de temas y debates, algunos de carácter más general y teórico y otros que refieren a la implementación de políticas públicas y al tipo de conducta cotidiana que se espera del individuo en la condición de ciudadano.

Entre las primeras podemos nombrar la actualidad de las democracias complejas; la cultura ciudadana y su desarrollo; las éticas cívicas de mínimos y éticas de máximos como sustento de la cultura ciudadana; los valores ciudadanos y sus alcances; las dimensiones de la justicia y la actuación ciudadana; la libertad y el impacto en la promoción de una ciudadanía activa; el diálogo y el consenso o la confrontación permanente como sustento de lo político y las relaciones sociales; el cumplimiento de la ley como sustento de una cultura ciudadana.

Entre las segundas, cuestiones que hacen a la ciudadanía digital; el impacto en el medio ambiente; la educación en ciudadanía y su implementación práctica; los alcances y límites concretos del ejercicio de una ciudadanía activa; las ciudadanías locales como parte de una ciudadanía nacional; entre otras.

Cualquiera que sean las cuestiones y la forma de aproximarse a ellas, la normatividad conferida por los ordenamientos jurídicos a la ética ciudadana, y el mayor o menor el conocimiento de sus implicancias y consecuencias por parte de las personas, todas ellas impactan inevitablemente en el tipo sociedad que se construye.

Diferentes visiones de lo político y la economía hacen que, en un ámbito o época determinada, ciertas cuestiones prevalezcan sobre otras o, lisa y llanamente, sean ignoradas. La construcción de ciudadanía no logra desvincularse mínimamente de las tendencias políticas tradicionales, que en la actualidad tienden a desplazarse hacia los extremos. Así pueden advertirse, por un lado, países con ordenamientos jurídicos, parlamentos, funcionariado público, academia y opinión pública que utilizan estas categorías en su forma más simple: como sinónimo de individuos o sumatoria de individuos abocados exclusivamente a sus intereses particulares y que no participan de la conformación de espacio público común alguno. En el lado opuesto, bajo el argumento de conformar un espacio público más justo, igualitario e inclusivo, observamos la implementación práctica de teorías que alientan una ciudadanía activista, educada para luchar y confrontar con el otro -enemigo o adversario- con la función primaria de reclamar del Estado la satisfacción y garantía de derechos.

Por un lado, ciudadanía apática, pasiva, sin atributos, desinteresada por lo público y común. Por el otro, una ciudadanía ideológicamente politizada, dispuesta a saltar sobre las leyes y la justicia a efectos de obtener la satisfacción de derechos y nuevas necesidades. Por acción u omisión, estas variantes radicales dejan de lado deberes, responsabilidades y funciones que normativamente pudieran corresponder al rol de ciudadanos. Lisa y llanamente, pretenden imponer al otro sus éticas de máximo, sean estas de carácter ideológico, político o económico.

La situación se ve agravada en países que han desarrollado cultura ciudadana con características particulares como la desafección a la política, la anomia y el incumplimiento de la ley. La Argentina y otros países de Latinoamérica, si bien con matices, no escapan a esta descripción. De allí las distintas maneras de caracterizar la ciudadanía según el ciclo político vigente: "ciudadanía sin ciudadanos", "ciudadanos sin atributos" o "ciudadanos militantes". El resultado, sin embargo, se asemeja cuando priman los extremismos: sociedades caracterizadas por la exclusión, el debilitamiento de la justicia, la desigualdad, la inseguridad, la inhumanidad y el egoísmo. Sociedades violentas.