Conversatorio de la Clínica Jurídica

Conversatorio de la Clínica Jurídica

La Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Palermo invita al Conversatorio  “La Corte Interamericana ¿Hay interseccionalidad en la discriminación? ¿Hacia la justiciabilidad de los derechos sociales?”, que se realizará el miércoles 11 de noviembre desde las 17hs. en la Facultad de Derecho.

La Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Palermo es un espacio de formación que funciona como un estudio jurídico sin fines de lucro. El objetivo es que los estudiantes, bajo la guía de profesores/as-abogados/as especializados/as, conozcan cómo funciona un caso real, trabajen y se involucren en todos sus aspectos: entrevistas a clientes, armado de la estrategia a seguir, investigación, manejo de los expedientes, redacción de escritos y trámites propios de los procedimientos judiciales y administrativos en nuestro país.

En el marco del caso Gonzales Lluy v. Ecuador, la Clínica intervino por primera vez en calidad de Amigo de Tribunal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La actora fue Talía Gabriela Gonzales Lluy y su familia. Talia nació el 8 de enero de 1995 en Ecuador. Su madre es Teresa Lluy, su padre es SGO y su hermano es Iván Lluy. Talía nació y vive con su familia en el cantón de Cuenca, provincia del Azuay, en Ecuador. Cuando tenía tres años de edad, fue contagiada con VIH al recibir una transfusión de sangre, proveniente de un banco de sangre de la Cruz Roja en una clínica de salud privada. Años más tarde, en 1999, cuando Talía tenía 5 años de edad, fue inscrita en el “primer curso de básica” en la escuela pública de educación básica “Zoila Aurora Palacios”, en la ciudad de Cuenca. Durante dos meses Talía asistió a clases normalmente, sin embargo, en noviembre la profesora se enteró que Talía era una persona con VIH y le informó al director de la escuela, quien decidió que no asistiera a clases “hasta ver que decían las autoridades de educación o buscar una solución al problema”.     

La madre de Talia interpuso una denuncia penal desde 1998 a fin de establecer la responsabilidad penal de los funcionarios de la Cruz Roja Provincial del Azuay. Agregaron que también interpuso una acción civil en el año 2002 para obtener compensación por daños y perjuicios.  Señalaron que la acción penal contra la única persona llamada a juicio fue declarada prescrita en 2005 por la inacción de los jueces. Precisaron que en este escenario, al no contar con una sentencia penal condenatoria, el juicio civil se declaró nulo en 2006 y, por lo tanto, no fue posible obtener ningún tipo de reparación del daño causado.

En cuanto a los efectos en la vida de Talia, sufrió  rechazo social, aislamiento y discriminación que, a su vez, le provocó un trastorno psíquico y restricciones absolutas al acceso a la educación primaria. La familia Gonzales Lluy no contaba con recursos económicos suficientes para adquirir el tratamiento de antiretrovirales, medicación que describieron como escasa en el país y de alto costo en el mercado.  

Este caso reviste fundamental importancia para el sistema interamericano de protección de derechos humanos y, particularmente, para los debates de justiciabilidad directa de derechos sociales. En efecto, en esta sentencia la Corte Interamericana, por primera vez declaró una violación del Protocolo de San Salvador (derecho a la educación), habló expresamente de interseccionalidad en la discriminación, realizó un juicio estricto de igualdad y aplicó el modelo social de la discapacidad al VIH/SIDA. Más aún, tres jueces dedicaron votos específicos sobre el artículo 26 y la justiciabilidad directa de los derechos sociales.

Exponen:
Oscar Parra Vera. Candidato al MSc en Criminología y Justicia Penal de la Universidad de Oxford. Se desempeñó como Abogado Junior (2007-2009) y Abogado Coordinador (2010-2015) en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Visitante profesional en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2013). Abogado y máster en derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajó como Becario “Rómulo Gallegos” y como Consultor sobre Indicadores en Derechos Sociales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue profesor de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de la FLACSO (México) y del Instituto Internacional de Derecho Humanitario, sede Sanremo (Italia). Es miembro del Advisory Board de la Leverhulme International Network on the Inter-American Human Rights System, del Comité Editorial del Inter-American & European Human Rights Journal y del Advisory Board del project on“Implementation and compliance with human rights law: an exploration of the interplay between the international, regional and national levels” (2015-2017).

Laura Pautassi. Doctora de la Universidad Nacional de Buenos Aires (Universidad de Buenos Aires), área Derecho Social. Investigadora Independiente (CONICET) y del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales  Ambrosio L. Gioja (Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires). Docente Directora, Grupo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas e integrante del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Experta independiente del Grupo de Trabajo para el análisis de los informes nacionales previstos en el Protocolo de San Salvador (OEA).

Actividad abierta y gratuita, requiere inscripción previa.




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