Colegios de abogados frente a la IA: la propuesta del CADJM y el nuevo debate sobre la autonomía del cliente
El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes aprobó sus “Mejores Prácticas para el Uso de IA en el Ejercicio de la Abogacía”.
En los últimos años la inteligencia artificial dejó de ser una herramienta experimental para convertirse en un componente permanente del trabajo jurídico. Procesadores de texto con funciones predictivas, correos electrónicos que sugieren respuestas y sistemas de organización documental que clasifican archivos de manera automática forman parte del ejercicio profesional cotidiano. Este cambio de escenario está impulsando a distintos colegios de abogados a desarrollar criterios propios para orientar el uso responsable de estas tecnologías, en especial ante la falta de regulación específica.
En ese contexto, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes aprobó sus “Mejores Prácticas para el Uso de IA en el Ejercicio de la Abogacía”. El documento se presenta como un lineamiento de referencia y busca ofrecer criterios claros sobre confidencialidad, supervisión humana, protección de datos, verificación de información y selección de herramientas tecnológicas. Aunque cubre un amplio abanico de temas, una de sus propuestas ha generado un interés particular: la posibilidad de que el cliente solicite que su asunto sea tramitado sin asistencia de sistemas de inteligencia artificial. Esta opción, conocida como opt-out, introduce una dinámica novedosa en el vínculo entre profesional y asistido.
La Guía parte de un diagnóstico compartido por muchos especialistas. La IA no es una herramienta externa que se activa por decisión consciente del abogado, sino un componente que opera de manera integrada en casi todo el software habitual. Por eso resultaría poco realista exigir un consentimiento previo del cliente cada vez que, por ejemplo, un procesador de texto ofrece una sugerencia automática (Copilot, Gemini, etc.). Esa idea chocaría con la forma en que funcionan hoy las tecnologías y derivaría en formalidades difíciles de cumplir en la práctica diaria.
Sin embargo, esa constatación técnica no implica que el cliente deba quedar ajeno al modo en que su información o su caso son gestionados. Las recomendaciones del CADJM busca equilibrar ambos aspectos. Reconoce lo dificultoso de desactivar cada función basada en IA, pero afirma que el cliente tiene derecho a expresar su preferencia y a pedir que el profesional prescinda de estas herramientas. Este mecanismo no requiere explicaciones por parte del cliente y coloca su voluntad en un lugar central dentro del esquema de trabajo.
La decisión no se agota en una declaración de principios. La Guía también establece qué debe hacer el abogado cuando una persona ejerce esta opción. En primer lugar, debe informar si la exclusión de IA afecta los tiempos, los métodos de trabajo o la eficiencia en el análisis de documentos. Esa información permite que el cliente comprenda el alcance real de su decisión. También se exige que el profesional registre la solicitud para evitar dudas posteriores y garantizar una gestión ordenada del caso.
Detrás de esta propuesta subyace una idea que comienza a repetirse en distintos foros jurídicos: la autorregulación profesional puede adelantarse a los cambios tecnológicos y ofrecer respuestas éticas sin necesidad de esperar a que se dicten normas formales. En ese sentido, la experiencia del Colegio de Mercedes se inscribe en una tendencia que busca compatibilizar innovación y responsabilidad. El opt-out, más que un freno, aparece como un mecanismo de transparencia y respeto por la autonomía del cliente, especialmente en un momento en que la tecnología avanza con rapidez y muchas veces opera de manera invisible.
Este tipo de lineamientos pueden convertirse en un modelo replicable para otras jurisdicciones. La propuesta de Mercedes integra la IA al ejercicio profesional pero conserva intactos los principios tradicionales de la abogacía, como la lealtad, el secreto profesional y la responsabilidad personal por el contenido que se presenta ante un tribunal. En un escenario de transformación tecnológica constante, este enfoque parece ofrecer un camino razonable para sostener la calidad del servicio jurídico sin perder de vista los derechos y expectativas de quienes confían en la labor del abogado.
Nota escrita por Alesis R. Pellegrini.
En ese contexto, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes aprobó sus “Mejores Prácticas para el Uso de IA en el Ejercicio de la Abogacía”. El documento se presenta como un lineamiento de referencia y busca ofrecer criterios claros sobre confidencialidad, supervisión humana, protección de datos, verificación de información y selección de herramientas tecnológicas. Aunque cubre un amplio abanico de temas, una de sus propuestas ha generado un interés particular: la posibilidad de que el cliente solicite que su asunto sea tramitado sin asistencia de sistemas de inteligencia artificial. Esta opción, conocida como opt-out, introduce una dinámica novedosa en el vínculo entre profesional y asistido.
La Guía parte de un diagnóstico compartido por muchos especialistas. La IA no es una herramienta externa que se activa por decisión consciente del abogado, sino un componente que opera de manera integrada en casi todo el software habitual. Por eso resultaría poco realista exigir un consentimiento previo del cliente cada vez que, por ejemplo, un procesador de texto ofrece una sugerencia automática (Copilot, Gemini, etc.). Esa idea chocaría con la forma en que funcionan hoy las tecnologías y derivaría en formalidades difíciles de cumplir en la práctica diaria.
Sin embargo, esa constatación técnica no implica que el cliente deba quedar ajeno al modo en que su información o su caso son gestionados. Las recomendaciones del CADJM busca equilibrar ambos aspectos. Reconoce lo dificultoso de desactivar cada función basada en IA, pero afirma que el cliente tiene derecho a expresar su preferencia y a pedir que el profesional prescinda de estas herramientas. Este mecanismo no requiere explicaciones por parte del cliente y coloca su voluntad en un lugar central dentro del esquema de trabajo.
La decisión no se agota en una declaración de principios. La Guía también establece qué debe hacer el abogado cuando una persona ejerce esta opción. En primer lugar, debe informar si la exclusión de IA afecta los tiempos, los métodos de trabajo o la eficiencia en el análisis de documentos. Esa información permite que el cliente comprenda el alcance real de su decisión. También se exige que el profesional registre la solicitud para evitar dudas posteriores y garantizar una gestión ordenada del caso.
Detrás de esta propuesta subyace una idea que comienza a repetirse en distintos foros jurídicos: la autorregulación profesional puede adelantarse a los cambios tecnológicos y ofrecer respuestas éticas sin necesidad de esperar a que se dicten normas formales. En ese sentido, la experiencia del Colegio de Mercedes se inscribe en una tendencia que busca compatibilizar innovación y responsabilidad. El opt-out, más que un freno, aparece como un mecanismo de transparencia y respeto por la autonomía del cliente, especialmente en un momento en que la tecnología avanza con rapidez y muchas veces opera de manera invisible.
Este tipo de lineamientos pueden convertirse en un modelo replicable para otras jurisdicciones. La propuesta de Mercedes integra la IA al ejercicio profesional pero conserva intactos los principios tradicionales de la abogacía, como la lealtad, el secreto profesional y la responsabilidad personal por el contenido que se presenta ante un tribunal. En un escenario de transformación tecnológica constante, este enfoque parece ofrecer un camino razonable para sostener la calidad del servicio jurídico sin perder de vista los derechos y expectativas de quienes confían en la labor del abogado.
Nota escrita por Alesis R. Pellegrini.
