El Derecho Administrativo que transforma la ciudad: especialistas debatieron sobre los nuevos principios y su impacto en la gestión urbana de la CABA
El encuentro abordó el impacto de la buena administración, la transparencia y el plazo razonable en la gestión de los gobiernos locales.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires — ¿De qué manera el derecho administrativo moldea la vida urbana y las respuestas cotidianas de una metrópolis como la Ciudad de Buenos Aires? Con este interrogante como eje central, el Centro de Estudios Comparados de Derecho de Ciudades (CECoDeC) convocó a las profesoras Miriam Ivanega y Adelina Loianno para debatir el impacto de las recientes reformas normativas y su traducción directa en el territorio urbano.
La apertura y moderación del conversatorio estuvieron a cargo de sus directores, Nora Bluro y Adrián D. Campos, quienes preguntaron cómo se aplican e inciden principios fundamentales del procedimiento administrativo como la buena administración, la transparencia y el plazo razonable en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo central del encuentro fue analizar esta transformación desde una perspectiva eminentemente urbana, entendiendo que el derecho administrativo no es solo teoría legal, sino el motor que regula y redefine el pulso de las ciudades.
Asimismo, Ivanega advirtió sobre la necesidad de evaluar el funcionamiento real de estas regulaciones en la CABA —vinculándolas también con normativas locales de simplificación administrativa y buenas prácticas—, subrayando que el gran desafío radica en medir cómo impactan estas herramientas en la práctica cotidiana de la ciudad.
En el debate conjunto, las especialistas coincidieron en que, más allá de su formalización normativa, el verdadero valor de estos principios radica en su utilidad como pautas interpretativas orientadas a dar soluciones prácticas a los problemas cotidianos de la ciudadanía. En el ámbito local y urbano, donde la cercanía entre la administración y los vecinos exige respuestas ágiles, dotar al derecho administrativo de mayor transparencia y razonabilidad se convierte en una condición indispensable para construir ciudades más eficientes, justas y accesibles.
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La apertura y moderación del conversatorio estuvieron a cargo de sus directores, Nora Bluro y Adrián D. Campos, quienes preguntaron cómo se aplican e inciden principios fundamentales del procedimiento administrativo como la buena administración, la transparencia y el plazo razonable en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo central del encuentro fue analizar esta transformación desde una perspectiva eminentemente urbana, entendiendo que el derecho administrativo no es solo teoría legal, sino el motor que regula y redefine el pulso de las ciudades.
Claridad y orden para la gestión local
Durante su exposición, Miriam Ivanega (Doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba y directora ejecutiva de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral) reflexionó sobre la naturaleza de estos cambios: “No son principios nuevos en términos conceptuales, ya que existían en la jurisprudencia y en los tratados internacionales, pero su incorporación explícita aporta claridad y orden, sobre todo para quienes gestionan la administración”.Asimismo, Ivanega advirtió sobre la necesidad de evaluar el funcionamiento real de estas regulaciones en la CABA —vinculándolas también con normativas locales de simplificación administrativa y buenas prácticas—, subrayando que el gran desafío radica en medir cómo impactan estas herramientas en la práctica cotidiana de la ciudad.
Herramientas de optimización para resolver problemas cotidianos
Por su parte, Adelina Loianno (profesora titular de Derechos Humanos y de Derecho Constitucional, y profesora adjunta regular en la UBA) profundizó en el rol de estas pautas dentro del entramado jurídico. Subrayó que los principios actúan como “herramientas de optimización y no como reglas absolutas”, por lo que deben leerse en sintonía con las normas existentes y aplicarse de forma armónica.En el debate conjunto, las especialistas coincidieron en que, más allá de su formalización normativa, el verdadero valor de estos principios radica en su utilidad como pautas interpretativas orientadas a dar soluciones prácticas a los problemas cotidianos de la ciudadanía. En el ámbito local y urbano, donde la cercanía entre la administración y los vecinos exige respuestas ágiles, dotar al derecho administrativo de mayor transparencia y razonabilidad se convierte en una condición indispensable para construir ciudades más eficientes, justas y accesibles.
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