Se llevó a cabo el conversatorio “La pena materialmente perpetua en Argentina. Análisis legal y de la jurisprudencia de la CSJN”

El encuentro tuvo como principales expositores a Pablo Andrés Vacani, doctor en Derecho Penal y Defensor Público B.A; y Rubén Alderete Lobo, profesor y director del INEJEP. Se llevó a cabo el conversatorio “La pena materialmente perpetua en Argentina. Análisis legal y de la jurisprudencia de la CSJN”

El 1 de julio de 2021 en el Instituto de Estudios Jurídicos de Ejecución Penal de la UP (INEJEP) se desarrolló la actividad que tuvo como principales expositores a Pablo Andrés Vacani, doctor en Derecho Penal y Defensor Público B.A; y Rubén Alderete Lobo, profesor y director del INEJEP.

La primera exposición estuvo a cargo del profesor Pablo Andrés Vacani quien presentó los problemas que encierran las respuestas penales indeterminadas en general y, en particular, de la pena perpetua. Se refirió a la falta de certeza de estas penas y la necesidad de repensar los criterios, parámetros y procedimientos con que se realizan “los juicios de resocialización” a los que usualmente se sujeta la posibilidad de revisar el encierro que contienen estas sanciones de gravedad inusitada.

En segundo orden disertó el profesor y director del INEJEP, Rubén Alderete Lobo. Éste realizó un diagnóstico del estado de situación de la pena perpetua en el mundo y, en particular, en la región y Argentina. Concluyó que se trata de una respuesta penal que está lejos de tener una perspectiva de reducción. Por el contrario, se evidencia una notoria ampliación de su uso en todos los sistemas. Explicó que Argentina es uno de los países en los que más delitos se reprimen con esta pena y que prácticamente en su totalidad, según la ley actual, se trata de penas real y materialmente perpetuas. De este modo, postuló la necesidad de una urgente reforma legal que contenga un sistema de prisión perpetua revisable para evitar una condena internacional.

Luego intervinieron las y los asistentes al evento y se debatió sobre diversos puntos en relación con la temática, destacándose la necesidad de contar con un pronunciamiento de las Corte Interamericana de Derechos Humanos que marque el rumbo y la política criminal del Estado en la materia.

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