CEJUC y la Red de Mujeres para la Justicia debatieron sobre Procesos Colectivos y Grupos Vulnerables
Expertos en derecho constitucional, ambiental y del consumidor analizaron los desafíos procesales para garantizar el acceso a la justicia de poblaciones en situación de vulnerabilidad, en un encuentro híbrido organizado por la Universidad de Palermo.
El Centro de Estudios para la Justicia Colaborativa de la Universidad de Palermo (CEJUC), junto con la Red de Mujeres para la Justicia, organizó el encuentro “Procesos colectivos y grupos vulnerables”, desarrollado el 11 de agosto en formato híbrido, que contó con una numerosa concurrencia tanto de estudiantes como de profesionales del ámbito jurídico.
La apertura estuvo a cargo del director del Centro, Javier Santamaría, y de la presidenta de la Red de Mujeres para la Justicia, Carina Estefanía —jueza de la Cámara Penal de Esquel, Chubut; presidenta de la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut y secretaria de Defensa de la Magistratura de FAM—, quienes dieron la bienvenida a los asistentes y presentaron el marco general de la jornada.
A continuación, Macarena Marra dio a conocer el eje central de la conferencia y realizó la presentación de los cuatro expositores. En sus palabras, sostuvo que el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad constituye hoy una guía fundamental para los operadores jurídicos en la promoción de un modelo de justicia más accesible, inclusivo y sensible a las desigualdades reales que afectan a amplios sectores de la sociedad. Asimismo, señaló que el encuentro constituía una valiosa oportunidad para reflexionar sobre los desafíos actuales de los procesos colectivos.
El primer expositor, Santiago Carrillo, Juez Federal, abordó los desafíos del control de constitucionalidad en el marco de los procesos colectivos. Explicó que, si bien dicho control resulta operativo cuando se trata de exigir prestaciones a la administración pública, su aplicación se torna más compleja cuando lo que se pretende es declarar la inconstitucionalidad de una ley, en tanto ello genera tensiones propias del sistema democrático. En ese sentido, planteó la necesidad de contar con mecanismos institucionales de diálogo entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo.
Por su parte, Gabriela Nucciarone, funcionaria de la Procuración General de la Nación, expuso sobre su trabajo en el programa para la protección de usuarios y consumidores de dicho organismo. Desarrolló la noción de vulnerabilidad estructural en las relaciones de consumo, distinguiendo entre vulnerabilidad básica e hipervulnerabilidad, y se detuvo en las asimetrías —técnicas, psicológicas, biológicas y jurídicas— que afectan particularmente a niñas y adolescentes usuarias de redes sociales y plataformas de videojuegos. Sostuvo que la tutela judicial efectiva en materia de consumo no se agota en la mejora de los contratos individuales, sino que requiere herramientas procesales colectivas frente a perjuicios que se repiten de manera masiva, en línea con lo señalado por la Corte respecto del impacto social de los asuntos de consumo. Asimismo, se refirió a la legitimación procesal prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional para las personas damnificadas, el Defensor del Pueblo, las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones de consumidores, remarcando que dicha legitimación abstracta requiere una idoneidad concreta. También destacó las particularidades del diseño argentino de los procesos colectivos frente al modelo estadounidense. Finalmente, repasó los beneficios de estos procesos —acceso a la justicia, efecto disuasivo frente a los abusos y reducción de la litigiosidad individual—, así como sus desafíos, entre ellos la identificación de los colectivos afectados, los problemas de publicidad y la extensión de los procedimientos.
A su turno, Daniela Pahor, funcionaria de la Justicia Penal Federal, centró su exposición en los procesos colectivos ambientales y la protección de los grupos vulnerables. Subrayó la importancia de la educación ambiental y del diálogo interdisciplinario, así como la relevancia de los artículos 41 de la Constitución Nacional y 32 de la Ley General del Ambiente para la protección constitucional de dichos grupos. Identificó dos dificultades centrales en la materia: la identificación de los colectivos vulnerables desde la perspectiva ambiental y su organización en el marco de procesos colectivos. Compartió además su experiencia en la ejecución del expediente “Mendoza” y destacó el rol protagónico de las mujeres en la lucha ambiental, mencionando el caso de Berta Cáceres como ejemplo de liderazgo colectivo. Remarcó que las mujeres no son únicamente víctimas en estos procesos, sino también protagonistas de la organización social, y compartió experiencias como la de Villa Jardín, donde una docente impulsó entre niños y niñas la toma de conciencia acerca de sus propios derechos.
Por último, Walter Lara Correa, Juez Federal, debatió sobre la idoneidad del amparo colectivo como herramienta para la satisfacción de derechos sociales. Señaló que la reforma constitucional de 1994, al incorporar instrumentos internacionales, generó un mayor compromiso por parte de los magistrados en esta materia. Desarrolló un caso vinculado a la distribución de alimentos en comedores y merenderos comunitarios, que involucraba a personas en situación de vulnerabilidad alimentaria —niños, niñas, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y cuidadores comunitarios—. A partir de ese ejemplo, destacó que los procesos colectivos pueden constituir una herramienta eficaz para garantizar derechos constitucionales frente a políticas públicas ya existentes con partidas presupuestarias asignadas, y puso especial énfasis en la etapa de ejecución de la sentencia como condición necesaria para lograr cambios reales en la situación de los grupos vulnerables.
De esta forma, concluyó el encuentro organizado por el CEJUC y la Red de Mujeres para la Justicia, dejando en los asistentes una valiosa perspectiva sobre los desafíos actuales que enfrentan los procesos colectivos en materia constitucional, de consumo, ambiental y de políticas sociales, así como sobre la importancia del diálogo interdisciplinario y de la organización colectiva para garantizar el acceso a la justicia de los grupos en situación de vulnerabilidad.
La apertura estuvo a cargo del director del Centro, Javier Santamaría, y de la presidenta de la Red de Mujeres para la Justicia, Carina Estefanía —jueza de la Cámara Penal de Esquel, Chubut; presidenta de la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut y secretaria de Defensa de la Magistratura de FAM—, quienes dieron la bienvenida a los asistentes y presentaron el marco general de la jornada.
A continuación, Macarena Marra dio a conocer el eje central de la conferencia y realizó la presentación de los cuatro expositores. En sus palabras, sostuvo que el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad constituye hoy una guía fundamental para los operadores jurídicos en la promoción de un modelo de justicia más accesible, inclusivo y sensible a las desigualdades reales que afectan a amplios sectores de la sociedad. Asimismo, señaló que el encuentro constituía una valiosa oportunidad para reflexionar sobre los desafíos actuales de los procesos colectivos.
El primer expositor, Santiago Carrillo, Juez Federal, abordó los desafíos del control de constitucionalidad en el marco de los procesos colectivos. Explicó que, si bien dicho control resulta operativo cuando se trata de exigir prestaciones a la administración pública, su aplicación se torna más compleja cuando lo que se pretende es declarar la inconstitucionalidad de una ley, en tanto ello genera tensiones propias del sistema democrático. En ese sentido, planteó la necesidad de contar con mecanismos institucionales de diálogo entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo.
Por su parte, Gabriela Nucciarone, funcionaria de la Procuración General de la Nación, expuso sobre su trabajo en el programa para la protección de usuarios y consumidores de dicho organismo. Desarrolló la noción de vulnerabilidad estructural en las relaciones de consumo, distinguiendo entre vulnerabilidad básica e hipervulnerabilidad, y se detuvo en las asimetrías —técnicas, psicológicas, biológicas y jurídicas— que afectan particularmente a niñas y adolescentes usuarias de redes sociales y plataformas de videojuegos. Sostuvo que la tutela judicial efectiva en materia de consumo no se agota en la mejora de los contratos individuales, sino que requiere herramientas procesales colectivas frente a perjuicios que se repiten de manera masiva, en línea con lo señalado por la Corte respecto del impacto social de los asuntos de consumo. Asimismo, se refirió a la legitimación procesal prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional para las personas damnificadas, el Defensor del Pueblo, las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones de consumidores, remarcando que dicha legitimación abstracta requiere una idoneidad concreta. También destacó las particularidades del diseño argentino de los procesos colectivos frente al modelo estadounidense. Finalmente, repasó los beneficios de estos procesos —acceso a la justicia, efecto disuasivo frente a los abusos y reducción de la litigiosidad individual—, así como sus desafíos, entre ellos la identificación de los colectivos afectados, los problemas de publicidad y la extensión de los procedimientos.
A su turno, Daniela Pahor, funcionaria de la Justicia Penal Federal, centró su exposición en los procesos colectivos ambientales y la protección de los grupos vulnerables. Subrayó la importancia de la educación ambiental y del diálogo interdisciplinario, así como la relevancia de los artículos 41 de la Constitución Nacional y 32 de la Ley General del Ambiente para la protección constitucional de dichos grupos. Identificó dos dificultades centrales en la materia: la identificación de los colectivos vulnerables desde la perspectiva ambiental y su organización en el marco de procesos colectivos. Compartió además su experiencia en la ejecución del expediente “Mendoza” y destacó el rol protagónico de las mujeres en la lucha ambiental, mencionando el caso de Berta Cáceres como ejemplo de liderazgo colectivo. Remarcó que las mujeres no son únicamente víctimas en estos procesos, sino también protagonistas de la organización social, y compartió experiencias como la de Villa Jardín, donde una docente impulsó entre niños y niñas la toma de conciencia acerca de sus propios derechos.
Por último, Walter Lara Correa, Juez Federal, debatió sobre la idoneidad del amparo colectivo como herramienta para la satisfacción de derechos sociales. Señaló que la reforma constitucional de 1994, al incorporar instrumentos internacionales, generó un mayor compromiso por parte de los magistrados en esta materia. Desarrolló un caso vinculado a la distribución de alimentos en comedores y merenderos comunitarios, que involucraba a personas en situación de vulnerabilidad alimentaria —niños, niñas, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y cuidadores comunitarios—. A partir de ese ejemplo, destacó que los procesos colectivos pueden constituir una herramienta eficaz para garantizar derechos constitucionales frente a políticas públicas ya existentes con partidas presupuestarias asignadas, y puso especial énfasis en la etapa de ejecución de la sentencia como condición necesaria para lograr cambios reales en la situación de los grupos vulnerables.
De esta forma, concluyó el encuentro organizado por el CEJUC y la Red de Mujeres para la Justicia, dejando en los asistentes una valiosa perspectiva sobre los desafíos actuales que enfrentan los procesos colectivos en materia constitucional, de consumo, ambiental y de políticas sociales, así como sobre la importancia del diálogo interdisciplinario y de la organización colectiva para garantizar el acceso a la justicia de los grupos en situación de vulnerabilidad.
