Ante la ley de paridad: hoy sólo hay un 10% de intendentas y 20% de gobernadoras

Agustina Grigera, Coordinadora de la Lic. en Ciencia Política UP, habla sobre la Ley de Paridad.



¿Cómo hacer para aprovechar la oportunidad política y hacer que los cambios sean efectivos? La autora analiza la situación de los cargos ejecutivos y legislativos, y advierte sobre algunos riesgos del cambio.

¿Es la paridad un capricho de una minoría activa para perpetuarse en el poder? ¿O un ardid de esposas y queridas para llegar a los cargos? ¿Estamos frente a una medida que consagrará el liderazgo femenino cambiando para siempre todo el sistema político? ¿O es irrelevante porque el tema no le interesa a “la calle”?

Así aparece en estos días el debate en torno a la ley de paridad, a propósito de su aprobación en la provincia de Buenos Aires: exaltado y atravesado por prejuicios, desdibujando el sentido de lo que está en discusión, es decir, las condiciones de acceso a los cargos de poder político –puntualmente legislativos– entre hombres y mujeres. Ni más –porque este debate no hace, en principio, al acceso de las mujeres a todos los espacios de poder en la sociedad–, ni menos, porque es preciso reconocer que aunque se avanzó queda un largo camino para alcanzar la paridad efectiva.

A 25 años de aprobada la Ley 24.012 –cuando Argentina se transformó en el primer país del mundo en exigirles a sus partidos una cuota mínima de 30% de mujeres en las listas a cargos electivos nacionales–, los datos nos permiten ver con mayor claridad dónde estamos parados.

La paridad no es un capricho. La ley de cupo permitió que las mujeres pasaran de ocupar el 4,3% de las bancas en la Cámara de Diputados de la Nación al inicio de la recuperación democrática, al 38,5% de nuestros días. Pero este avance, sin duda significativo, se ha transformado en un techo: los datos del Directorio Legislativo 2016 muestran que en 20 de las 24 legislaturas provinciales las mujeres no superan el 40% de las bancas (26% en Buenos Aires, 21% en Santa Cruz y 20% en Santa Fe, por tomar algunas de las más rezagadas). Y este panorama resulta relevante porque como señala el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), las legislaturas provinciales constituyen el principal espacio por el que ingresan las mujeres a la política para proyectar sus carreras.

Fuera de los legislativos encontramos mayores dificultades: Cippec, Directorio Legislativo y la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación advierten que las mujeres representen el 50% de la fuerza de trabajo de la Administración Pública Nacional (sin contar fuerzas de seguridad y defensa) pero el 22% de los altos cargos políticos (ministerios, secretarías y subsecretarías); también el 60% del personal administrativo y el 34% de los jueces en la Justicia Nacional y Federal. Pero la brecha es todavía mayor en los poderes ejecutivos a nivel subnacional: las mujeres alcanzan apenas el 10% de las 2.222 intendencias y el 20% de las 24 gobernaciones.

La oposición cuota-mérito es un prejuicio. Pedirles a las mujeres el muestrario completo de las virtudes políticas para ampliar su representación es, cuanto menos, exagerado. La idoneidad, la honestidad y la responsabilidad por las decisiones que se adoptan son exigibles a toda la dirigencia política, más allá del género. Creer que los cupos atraen –casi exclusivamente– a mujeres cuyo único mérito es tener una relación con un hombre es un prejuicio: no hay evidencia científica que lo sostenga. Por el contrario, estudios sobre las trayectorias de las legisladoras nacionales (Borner, Marxy Caminotti) muestran que éstas provienen de la militancia partidaria y de cargos legislativos y/o ejecutivos del nivel nacional o provincial. Pero además, como detalla el Directorio Legislativo (2016), las legisladoras nacionales y provinciales tienen las mismas o mayores credenciales educativas: en el Congreso Nacional el 76% de las diputadas cuenta con título universitario contra 72% de los varones y el 90% de las senadoras frente al 69% de sus pares. Datos no muy alejados de los que se registran en el resto de nuestra sociedad: según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2013 las mujeres conformaron la mayoría de los graduados en la secundaria (69%), universidades (62%), maestrías (58%) y doctorados (56%). La productividad en el Congreso Nacional también arroja datos interesantes: durante 2013 las mujeres impulsaron el 63% de los proyectos y el 52% en 2014, es decir, siempre por encima del 50% (Directorio Legislativo).

Nuevamente los datos, más que la casuística, ayudan a repensar los prejuicios.

Lo cuantitativo no garantiza lo cualitativo. El mayor ingreso de las mujeres a los legislativos no fue acompañado por el acceso a puestos de relevancia para la toma de decisiones políticas. Advierte Tiffany Barnes, de la Universidad de Kentucky, en su estudio sobre nuestras legislaturas provinciales, que las mujeres están subrepresentadas: en primer lugar, porque no acceden prácticamente a la presidencia de las cámaras ni de las comisiones relacionadas con el manejo de recursos políticos (presupuesto, asuntos constitucionales, etc.). Y en segundo término, porque su participación se concentra en comisiones cuyas temáticas se asocian tradicionalmente a “lo femenino”: las mujeres conforman el 42% de las comisiones de educación, salud, familia, desarrollo social, etc. contra el 18% en las comisiones de economía, presupuesto público e infraestructura.

Un fenómeno similar se observa en el Poder Ejecutivo Nacional, casi sin variaciones en los últimos años: según datos del Cippec, las mujeres ocuparon el 19% de los ministerios durante el gobierno de Cristina Kirchner y el 14% con el presidente Mauricio Macri; el 13% de las secretarías (ambos gobiernos) y el 27% de las subsecretarías en gobierno anterior, y 26% en el actual.

La agenda política tiene también una función pedagógica. No toda la agenda de la dirigencia política debe encontrar origen y destino en el humor social. La política tiene un rol central a la hora de liderar procesos de aprendizaje social y es saludable para la calidad de la representación política que no reniegue de esa función: el cupo primero y la paridad después son señales claras y necesarias para equiparar el acceso al poder en otros ámbitos donde las restricciones son mayores. El Indice de Participación Femenina elaborado por ELA en 2010 (mide la proporción de mujeres que ocupan cargos de máxima autoridad en más 4.200 instituciones de la política, la economía y la sociedad) muestra que las mujeres acceden sólo al 15,2% de esos puestos. Y ello sucede en parte gracias a la ley de cupo que empuja el Indice: si se excluyen los puestos políticos, las mujeres ocupan el 8,1% de las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos, y el 4,1% de las empresas y cámaras empresariales.

Recapitulando: con su aprobación, Buenos Aires ingresa al grupo de provincias que cuentan con ley de paridad para cargos legislativos (Córdoba, Santiago del Estero y Río Negro). El desafío consiste ahora en no sobredimensionar las expectativas sobre esta herramienta. Como enseña la implementación de ley de cupo, es poco probable que la ley de paridad repercuta en lo inmediato en el acceso de las mujeres a cargos de distribución de poder político en el Legislativo o en el resto del sistema político. Pero resulta auspicioso que el cambio surja del sistema político, y específicamente del distrito cuya gobernadora ha desafiado dos mitos centrales de la política argentina: la gobernación de la provincia de Buenos Aires es inaccesible a las mujeres y a los dirigentes que no provengan del peronismo, oficialismo de los últimos 28 años. La ley de paridad bonaerense se inserta en este contexto de innovación política: es de esperar que se transforme en una potente señal –al sistema político y la sociedad– para avanzar hacia la paridad efectiva.

Por Mg. Agustina Grigera
Coordinadora de la Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de Palermo y coorganizadora del 1er Seminario “Mujeres y poder”.



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