Caso: Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes

Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño. Potestades específicas. Campaña de difusión masiva y recolección de peticiones ciudadanas y una acción judicial colectiva.

La Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo asiste técnicamente a la Campaña por el Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes impulsada por varias organizaciones de la sociedad civil en la Ciudad de Buenos Aires.

La Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño fue sancionada en el 2005 y contempla la designación de un Defensor del Niño con potestades específicas, entre las que se cuentan iniciar acciones colectivas en defensa de este grupo históricamente vulnerado y supervisar a las instituciones públicas que los albergan.
Sin embargo, ese funcionario nunca fue designado por el propio Congreso que estableció su creación.

La campaña contempla la presentación ante los Relatores de Derechos de la Niñez de Naciones Unidas y la OEA, la difusión masiva y recolección de peticiones ciudadanas y una acción judicial colectiva.

En la acción judicial se solicitó que se ordene la sustanciación del procedimiento de concurso público previsto en la ley y que se designe a quien resulte primero en esa convocatoria.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3 admitió la acción de amparo presentada por la Clínica Jurídica y un conjunto de ONGs en resguardo de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y dio inicio a un procedimiento judicial colectivo orientado a que el Congreso de la Nación designe el/la Defensor/a de los Derechos del Niño, luego de casi diez años de incumplida la ley.

A principios de 2006 entró en vigor la que crea el “Sistema de Protección Integral de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes” (Ley 26061). Esta norma incorpora la figura del Defensor/a de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de velar por la protección y promoción de sus derechos. A su vez, fija en cabeza del Congreso de la Nación la obligación de designar dicho funcionario dentro del plazo de 90 días.

Sin embargo, transcurridos casi 10 años de vigencia de la ley, el Congreso Nacional aún no ha iniciado el procedimiento para designar a una de las principales figuras creadas para resguardar los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia de la Argentina.

Frente a esta situación, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Fundación Sur Argentina, la Asociación Civil por los Derechos de la Infancia, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA) y la Fundación Poder Ciudadano con el patrocinio legal de la Clínica Jurídica de la Universidad de Palermo, interpusieron una acción de amparo colectivo con el propósito que se ordene al Congreso de la Nación poner fin a su omisión ilegal e iniciar el procedimiento para la designación del Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Frente a este reclamo, el Juzgado interviniente declaró formalmente admisible la acción colectiva promovida, reconoció la idoneidad de las ONGs actoras como representantes del colectivo de niñas, niños y adolescentes e instauró un procedimiento específico para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio.

Entre las distintas razones desarrolladas por el tribunal, este señaló que “…no es posible soslayar el incuestionable contenido social del derecho involucrado que atañe a un grupo que por mandato constitucional deben ser objeto de preferente tutela por su condición de vulnerabilidad: los niños (art. 75 -inc. 23- de la Constitución Nacional). La protección del derecho que se invoca hace a la satisfacción de necesidades básicas y elementales a cargo del Estado. Estos aspectos cobran preeminencia por sobre los intereses individuales de cada afectado, al tiempo que ponen en evidencia, por su trascendencia social y las particulares características del sector involucrado, la presencia de un fuerte interés estatal para su protección, entendido como el de la sociedad en su conjunto…”.