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Sección: Cultura / pág. 12
Publicación: Miércoles 15 de abril de 2009
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Entrevista a: Eduardo Bertoni
Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo.
No hay voluntad de darles transparencia a las instituciones
Según el especialista en libertad de expresión, el Gobierno no informa bien sobre sus actos.

Las amenazas a la libertad de expresión y la falta de independencia de los poderes judiciales de la región son los dos temas en los que se ha concentrado Eduardo Bertoni, flamante director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. "El actual gobierno no tiene la voluntad política de darle a la sociedad leyes para una mayor transparencia de las instituciones", dice Bertoni, de 43 años, ex relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ex director ejecutivo de la Fundación para el Debido Proceso Legal, con sede en Washington.

Sobre la libertad de prensa en el país, este abogado argentino, recientemente repatriado, señala que "la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la figura del delito de injurias en el Código Penal argentino contraviene la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que tiene que ser reformada".

Según explica, las figuras de calumnia, injuria, difamación son consideradas delitos y usadas en varios países de América latina cuando los funcionarios quieren intimidar, presionar o coartar la libertad de expresión de los medios de comunicación. Los delitos contrarios a la libertad de expresión deben ser erradicados, a su entender, de los códigos penales.

En los años 90, la Argentina derogó la figura de desacato del Código Penal. ¿No es un avance?
Hay mayor conciencia, pero no tenemos ley de acceso a la información pública, y sí la tienen otros países de la región. Como hay una amplitud de voces críticas, se puede llegar a pensar que en el país todo está bien. Pero hay déficits concretos para ampliar los márgenes del ejercicio de la libertad de prensa en la Argentina.

La presidenta Cristina Kirchner suele quejarse agriamente de la forma en que los medios informan.
En una sociedad democrática los pilares son la libertad de expresión y la libertad de prensa. La Presidenta tiene derecho de quejarse si no le gustan los medios de comunicación, pero no de victimizarse. Debe saber manejar los márgenes de la tolerancia.

¿Qué sucede cuando la respuesta de un gobierno pasa por la discrecionalidad y la arbitrariedad en la utilización de los dineros públicos para premiar o castigar los halagos y las críticas?
En una democracia, es sano que no haya discriminación en la pauta de la publicidad oficial, sea cual fuere la línea de pensamiento del medio. Hace poco, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al gobierno nacional otorgarles publicidad oficial al diario Perfil y a las distintas publicaciones de la editorial. Si bien esa decisión fue apelada y llegará a la Corte, ya se la considera un fallo histórico.

Uno de los problemas de nuestra sociedad es la falta de confianza en las instituciones en general y en el Poder Judicial en particular. ¿La gente les cree más a los medios de comunicación?
Por eso hay que trabajar en el fortalecimiento de los poderes judiciales. Si son débiles, no pueden investigar y sancionar a quienes atacan a los periodistas que investigan ni sancionar a los corruptos.

¿Ve influencias del chavismo en la relación de los Kirchner con la prensa?
En 2002 y 2003, Chávez atacaba a los medios de comunicación. Decía que mentían, que no informaban y que atacaban al pueblo venezolano. El discurso kirchnerista tiene antecedentes en el chavismo, que enfrentó a los medios con la sociedad. Aquí, el "discurso K" tampoco beneficia el clima social.

Usted dice que hay desinterés oficial para ampliar los márgenes de la libertad de prensa en la Argentina. ¿Cómo se advierte eso, concretamente?
Yo digo que hay una falta de voluntad política respecto de darle a la sociedad leyes para una mayor transparencia. La Argentina no tiene ley de acceso a la información pública, por ejemplo. A partir de 2000, distintos países de la región, como Uruguay, Chile, Ecuador, México, Estados Unidos y Canadá, empezaron a apoyar leyes de transparencia. A través de esa posibilidad, los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil pueden tener más y mejor información sobre la actividad estatal, lo que, a su vez, permite formar una opinión pública más ilustrada y comprometida, en tanto que su ejercicio continuado y riguroso puede hacer que mejore la marcha de la administración pública. Todos los ciudadanos tienen derecho a saber cómo manejan los funcionarios los asuntos públicos, qué decisiones toman, qué destino le dan al dinero del Estado, qué hacen y qué dejan de hacer. Este derecho de acceso a la información pública es reconocido internacionalmente como un derecho humano, y en la Argentina tiene jerarquía constitucional. Sin embargo, son pocos los que lo conocen y muchos menos todavía los que lo ejercen a través de pedidos concretos de información.

 

 

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