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Publicación: Lunes 29 de junio de 2009
Nota: Mariela Puga
Miembro de la Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba. Profesora de Derecho y Cambio Social de la Universidad de Palermo y de Derecho Público de la UCC
¿Estaremos en guerra y no nos dimos cuenta?
La decisión de separar a agentes municipales que no presentaron el certificado de antecedentes parece configurar un escenario de consecuencias penosas. Por Mariela Puga.

Una nación, o mejor, una comunidad como Córdoba, puede pensarse a sí misma como un "sistema" social con disfuncionalidades y/o con instituciones deficitarias en materia de control y prevención del delito, o bien, puede pensarse envuelta en una guerra civil. Esta es una opción interesante. Conforme a cómo elija pensarse, algunas decisiones políticas estarán más o menos justificadas en esa comunidad.

Por supuesto que no es nada agradable pensarse en guerra. Preferimos ver a nuestros gobernantes como los técnicos de la gestión social y no como los comandantes en jefe de una cruzada contra nuestros propios vecinos. Los "criminales" y los "legales" cordobeses no somos equiparables a los hutus y los tutsi que se matan en Ruanda por razones raciales, ni a los sureños y confederados, o unitarios y federales en las guerras civiles americanas. Los cordobeses que cometen delitos tampoco son los terroristas de la ETA, ni los guerrilleros de las Farc. Y sobre todo, los cordobeses legales no hemos decidido alzarnos en armas y mandar al ejército a matar delincuentes.

Pero, ¿qué tal si en Córdoba hubiera una guerra civil velada, disfrazada de leyes y reglamentos? ¿Qué tal si el Estado dirigiera a la policía como a un ejército, y los delincuentes, a su vez, fueran el ejército de un grupo de familias pobres en lucha? ¿Qué tal si en esta guerra los tiros están un poco más reglamentados, o son más austeros, pero no hay ninguna clemencia para con los rehenes, ni garantías para aquellos civiles que se atraviesan en el campo de batalla? ¿Qué tal si en lugar de luchar por motivos étnicos, partidarios o por administrar el puerto, se pelea sólo por la subsistencia diaria?

De un lado, la bandera de los que "no queremos que nos roben a punta de pistola", y del otro, la de los que "no queremos morir de hambre o ver morir a nuestros hijos, porque no encontramos trabajo". Si se mira hacia el interior de una villa, o ve la bronca y desesperación en los ojos del chico de la calle, y después escucha a la gente que se va a vivir a los countries cerrados, usted puede empezar a sospechar que quizá, tal vez, hay un conflicto entre grupos de cordobeses.

Si por un momento se cayera el velo de la racionalidad instrumental del Estado y de la legitimidad de su aparato de control y represión del delito, y se asumiera que hay un crudo conflicto social en ciernes que nos confronta entre co-ciudadanos, nos tocaría preguntarnos por las razones que tenemos para sostener esta guerra, o para llevarla a extremos mayores.

Deberíamos considerar si queremos "eliminar" al enemigo, y en su caso, hasta dónde estamos dispuestos a llegar para defender nuestras razones. O reflexionar acerca de si, en cambio, iniciamos procesos de pacificación y de negociación, tratando de reconocer algunas de las reivindicaciones de los otros, para conseguir algo de lo que queremos. Si descubrimos que estamos en guerra, la cosa cambia. Vernos envueltos en las irracionalidades de las reglas bélicas nos movería a otras preguntas y a otras respuestas.

Pero, en cambio, la pregunta es si queremos o no más seguridad. Los candidatos de todos los partidos se resignan a esa interpelación. Y esta pregunta viene con la respuesta incorporada, y transforma el conflicto social en una mera cuestión técnica, o de voluntad política, con elecciones dilemáticas del tipo: Giuliani’s o Zafaroni’s.

El caso municipal. A comienzos de este mes, el intendente de la ciudad de Córdoba, en representación del Estado municipal, anunció orgulloso que va a cesantear a 50 empleados por no haber presentado certificado de antecedentes. Nuestro comandante Daniel Giacomino pareció tomarse la guerra en serio, y no dar una sola oportunidad de desmovilización a los ex rehenes.

Algunos se preguntaron, tímidamente, si la decisión era constitucional. ¿Qué pasa con el principio de inocencia? ¿Qué pasa con la obligación estatal de resocialización y reinserción social? ¿Qué pasa con el derecho a trabajar? Pero a otros les pareció una decisión razonable. Una que refuerza la creencia ya bastante extendida entre los empleadores, de que se estará "más seguro" si las personas que estuvieron en la cárcel no consiguen trabajo ni en la administración pública ni en ningún otro lado.

Pero, siendo justos con el intendente, él sólo dijo que estaba aplicando una ordenanza municipal. Una norma jurídica similar a aquellas inscriptas en los bancos de las plazas de Durban en los ’70, que ordenaban: "White only" (Sólo blancos).

Mientras el Patronato del Liberado señala que sólo siete por ciento de las personas que salen de las cárceles cordobesas tuvieron posibilidad de conseguir un trabajo en blanco, el intendente decide disminuir ese porcentaje. Ahora, una porción de ese siete por ciento deberá volver con su bando, ¿volver a delinquir?

Aunque extraoficial, es vox populi en Córdoba que grupos de policías locales tienen la orden de detener al menos a cinco personas por noche, recibiendo sanciones en caso de no hacerlo, y premios si cumplen con los "objetivos". Algún distraído puede creer que ésta es una estrategia de guerra nocturna que no repara en el costo de los "inocentes" que pasan la noche en una comisaría. ¿Acaso son sólo pobres infelices que se cruzaron en el campo de batalla? Pero no, perdón. La Policía sólo cumple órdenes, y ellos, como el intendente, tienen el respaldo de la ley. En este caso, del Código de Faltas, una ley tan parecida a una regulación del estado de sitio que da escalofríos.

Muchos de los detenidos tienen antecedentes que figuran en certificados de buena conducta. Algún distraído podría creer que el Estado emite un certificado de antecedentes o de buena conducta como forma de control bélico de sus rehenes, para mantenerlos del otro lado de la línea enemiga y evitar infiltraciones. Pero no debemos olvidar que el certificado es un derecho de las personas, de pedirle al Estado que les dé un papel que puedan exhibir ante terceros, y mostrar así, si tuvo o no problemas con la ley. Algo muy parecido a las tarjetas de identidad étnica del gobierno de Ruanda, la que permitió a los paramilitares elegir sus víctimas y perpetrar un genocidio sin parangón.

Como abogada, entiendo que se trata de ordenanzas, de códigos y de derechos consagrados por gobiernos democráticos. Pero desde el sentido común, no puedo dejar de notar el parecido con las reglas del apartheid de Sudáfrica, la regulación del estado de sitio, las marcas de los esclavos en los Estados Unidos o los tutsi en Ruanda.

Es más, creo que un arqueólogo desprevenido del futuro podría tomarlas como las huellas documentales de una guerra civil que tal vez, sólo tal vez, adviertan ya de manera trágica nuestros hijos.

 

 

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